"Vea, él denunció una munición perdida y en lugar de empezar una investigación por eso lo que hizo la empresa fue despedirlo. Nosotros, todos le dijimos que demandara" dijo uno de los trabajadores.
Armando Rodríguez denunció hostigamientos del Ejército desde enero de este año y al no obtener protección presentó una tutela que fue fallada a su favor en segunda instancia, en julio pasado. Al considerar que no se ha cumplido la orden de protegerlo, interpuso incidente de desacato. La UNP aseguró que ya se tomó la decisión de otorgarle medidas idóneas de protección, pero no se han materializado.
Mireya, Shirley y Yaritza dejaron sus armas tras militar varias décadas en las Farc. Ahora integran la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos de la exguerrilla, que ya entregó información de más de 350 casos de personas desaparecidas durante el conflicto.
Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, los liderazgos sociales del sur de Córdoba han sido blanco constante de amenazas y ataques. Allí, se han presentado al menos 111 agresiones, entre asesinatos y amenazas, contra hombres y mujeres que han apoyado la sustitución de cultivos de uso ilícito, la implementación del Acuerdo y procesos de organización social. De la mano de líderes y lideresas de la región, se construyeron mapas que evidencian los peligros que conlleva su trabajo social en Montería y los cinco municipios de la región.
"Vea, él denunció una munición perdida y en lugar de empezar una investigación por eso lo que hizo la empresa fue despedirlo. Nosotros, todos le dijimos que demandara" dijo uno de los trabajadores.
Luego de tres años de la dejación de armas de la exguerrilla, la mayoría de los firmantes del Acuerdo Final han salido de los antiguos espacios territoriales. Le siguen apostando a la paz y a sus proyectos productivos, pero se concentran en 93 áreas que denominan “NAR”. El Gobierno no los reconoce oficialmente, porque no están previstos en el Acuerdo.
Esta es la lista de 442 personas que lideraban procesos comunitarios o defendían los derechos humanos, que fueron asesinadas después del 24 de noviembre de 2016. La información, suministrada por Somos Defensores, está actualizada hasta marzo de 2020.
La guerra entre el Eln y el Epl en Norte de Santander ha elevado los riesgos de los líderes en la región. También denuncian atropellos de la Fuerza Pública. Asesinatos, amenazas y desplazamientos forzados cercan a los defensores de derechos humanos.
Reclamantes de una finca bananera en Magdalena, que han trabajado por más de 20 años sin importar la violencia paramilitar y del narcotráfico, piden el predio, que hoy está en manos de una empresa.
Según cifras de la organización Somos Defensores, en este primer trimestre del año han sido asesinados 36 líderes y defensores de derechos humanos, pero pueden ser más.