ACCIÓN CON DAÑO
El 7 de diciembre de 2018, en el informe número 15 sobre el monitoreo de estos compromisos, la ONU destacó que el 92% de las familias está cumpliendo, arrancando, a 30 de noviembre de este año, casi 27.500 hectáreas sembradas con coca de manera voluntaria, teniendo como base para el análisis poco más de 51.000 hectáreas registradas en 56 municipios de 14 departamentos. Otras cerca de 4.000 hectáreas reportadas por las familias como arrancadas no habían podido ser verificadas por las adversas condiciones de seguridad en los territorios de disputa armada.
Sin embargo, del total de familias inscritas, reza el informe, únicamente el 33% tenía asistencia técnica, elemento esencial del PNIS que guía la formulación de las alternativas productivas para la sostenibilidad de las familias en el largo plazo. Según el delegado nacional del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) en el Consejo Permanente de Dirección del PNIS, Groelfi Rodríguez, también conocido por su nombre de guerra, ‘Ramiro Cortés’, la asistencia técnica está muy por debajo de esa cifra y en el terreno “no hay el primer proyecto productivo andable”.
El cumplimiento de la mayoría de las promesas está marcado por la duda. El gobierno actual, que ha asumido el problema de los narcóticos más como un asunto de seguridad nacional que como una problemática de salud pública, no le ha asegurado a las comunidades la continuidad del Programa de Sustitución. Aunque ha matizado estas declaraciones en algunas entrevistas, públicamente ha manifestado que no recibirá a más familias en el PNIS. “Para las familias que han confiado en el Estado y que han suscrito los acuerdos, pueden esperar de parte del gobierno y de la administración Duque toda la voluntad y la disposición, nuestra capacidad ejecutiva para cumplir con aquello que corresponde en la medida que aquellos se mantengan fieles a la legalidad”, manifestó en entrevista para este medio Emilio Archila, Alto Consejero para la Estabilización, encargado de coordinar la política pública en materia de paz y posacuerdo. No inscribir a más familias puede significar otro error comprobado, relegándolas de nuevo a la marginalidad.
Según datos de la ONU, el presidente Iván Duque recibió un país con cultivos de coca de dimensiones históricas. El año 2017 finalizó con 171.000 hectáreas sembradas, evidenciando un aumento del 17% con respecto al 2016, sin embargo, el incremento ha sido más lento en relación con años anteriores, pues desde 2013 el área sembrada venía creciendo a un ritmo promedio del 45%. De acuerdo con Pedro Arenas, coordinador del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos OCDI GLOBAL, son múltiples los motivos del crecimiento cocalero, causas que van desde lo económico, como la devaluación del peso frente al dólar, el impacto de la caída del precio del oro y de los tratados de libre comercio sobre el sostenimiento campesino, hasta razones que involucran una posible malinterpretación del acuerdo de paz, entre otros móviles. “Es posible que muchas personas hayan interpretado que para acceder a los famosos 36 millones del Plan de Atención Inmediata, la gente tenía que tener cultivos. Eso no es así como tal, porque el PNIS cobija a cultivadores y no cultivadores”, explicó.
Con la coca por las nubes, el gobierno Duque, al término de sus primeros 100 días, anunció la pronta publicación de su política antidrogas, aunque ya ha advertido que continuará promoviendo la erradicación forzada y que, incluso, las fumigaciones aéreas podrían resurgir, tras haber sido suspendidas por concepto de la Corte Constitucional hace más de tres años. Mientras tanto, la preocupación de los campesinos cocaleros está latente, sobre si seguirá siendo voluntario participar del Programa de Sustitución, los recursos necesarios para su implementación, la reactivación de sus instancias nacionales —Consejo de Direccionamiento Estratégico y Consejo Permanente de Dirección— y lo que pasará con las miles de familias que firmaron acuerdos colectivos de sustitución pero que aún no están inscritas. Esta preocupación también abarca otras promesas del acuerdo de paz que se han quedado en palabras, como la titulación de tierras, las mejoras en sus pueblos, el tratamiento penal alternativo para pequeños cultivadores y el estatuto para perseguir las finanzas ilícitas del narcotráfico, hoy en manos de sus principales verdugos.
Como el Estado no ha saldado su deuda de abandono con las regiones más apartadas del país, bien sea por negligencia, incapacidad o lentitud burocrática, una mezcla de diferentes actores armados dedicados al narcotráfico ha ocupado el vacío dejado por la desmovilización de las FARC después de la firma del acuerdo de paz. Esos reacomodos de fuerzas y pujas de poder territorial han dejado, como siempre, a los civiles en medio de la confrontación.
“La sustitución de cultivos en medio del conflicto no se le ocurre a nadie, es una acción con daño. Antes de sustituir hay que garantizar mejores condiciones en los territorios: vías, luz, tierras, créditos. Debe haber capacitación en modos de producción, supuestamente al cabo de un año ya iban a tener proyectos productivos, y lo único que hicieron fue darles plata —no a todos aún—, que se acaba y los deja expuestos a extorsiones”, afirmó Camilo Bonilla, coordinador de investigaciones de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ. Frente a los retrasos que se han presentado con los pagos en diferentes territorios, la Alta Consejería para el Posconflicto, rebautizada por Duque como Alta Consejería para la Estabilización, aseguró que antes de que se acabe el año en curso van a estar al día con las familias que están cumpliendo.
La acción con daño de la que habla Bonilla hace referencia a la llamada Acción sin Daño, es decir, la reflexión ética del investigador para no impactar negativamente su sujeto de estudio, muchas veces una comunidad. Groelfi Rodríguez, delegado del partido Farc en el tema de sustitución, cuyo trabajo ha radicado en convencer a los cocaleros, socializar los acuerdos de paz en las regiones y verificar su cumplimiento, afirma que las promesas del gobierno no se concretan: “Es la deuda que también tenemos con la gente. Les dijimos mentiras sin querer, porque les dijimos la verdad de lo que se acordó, pero el gobierno no ha tenido la voluntad política de implementarlo”. El incumplimiento estatal, si permanece, tendrá un costo muy alto, abriéndole la puerta a la resiembra y dejando expuestas las vidas de los líderes, que ahora corren un doble riesgo.