ENEMIGOS DE LA SUSTITUCIÓN
“El programa de sustitución voluntaria es un programa que implica quitarle la materia prima a unos de los peores criminales que hay en el mundo. Entonces pues, no es deseable, no es algo que uno quisiera, pero es previsible que esas personas reaccionen cuando ven que las familias y el Estado están siendo exitosos en su proceso de sustitución voluntaria”, dijo Emilio Archila, Alto Consejero para la Estabilización, en entrevista con La Paz en el Terreno.
Aunque el Programa de Sustitución tenga falencias en atender las demandas de las regiones, sí es cierto que hay un nutrido grupo de maleantes, de diferente procedencia y poderío, que en vista de tener sus cuantiosos ingresos amenazados ha recurrido a la persecución de los que lideran el tránsito de las familias cocaleras a otros estilos de vida sustentados en economías lícitas. “Con la paz hay actores que pierden y por eso se resisten y sabotean el proceso. Son grupos armados, narcotraficantes y otros actores locales con intereses claros en que se mantenga el status quo de la guerra, la violencia y la polarización”, aseguró a este medio Borja Paladini Adell, representante del Instituto Kroc en Colombia, una organización que tiene el mandato de monitorear la implementación de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC.
Las bandas armadas de las que habla Paladini Adell van desde grupos posdesmovilización paramilitar, ‘narcos’ industriales, desertores y disidentes de las FARC y del EPL, el ELN, hasta presuntos carteles mexicanos que delinquen en Colombia. El incremento del asesinato contra líderes sociales también coincide con la mayor presencia y expansión de los grupos armados, una relación causal comprobada por los investigadores de la CCJ, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (Iepri), la Confederación Nacional de Acción Comunal y la Asociación Campesina del Catatumbo ((Ascamcat), entre otros colaboradores, autores del ya citado informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el posacuerdo.
De acuerdo con ellos, entre los presuntos perpetradores conocidos, “paramilitares” estarían detrás de al menos seis asesinatos contra líderes de sustitución, siendo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), o Clan del Golfo, los mayores responsables. Algunas de las víctimas, según registros de la Coccam, son José Yimer Cartagena (Carepa, Antioquia) , Hernán Enrique Agamez (Puerto Libertador, Córdoba), Nidio Dávila (El Rosario, Nariño) y David Alexis Narvárez (Tarazá, Antioquia).
Esta estructura tiene fuerte presencia en las convulsionadas regiones del Bajo Cauca antioqueño y del Nudo del Paramillo, un punto límite entre el noroccidente de Antioquia y el sur de Córdoba, sobre la Cordillera Occidental. En el Nudo, las AGC se disputan el control del negocio del narcotráfico con supuestas disidencias que se hacen llamar el ‘Nuevo Frente 18 de las FARC’ y el ELN, un actor de reciente presencia en la región, donde hay 7 mil nuevas hectáreas de coca, según documentó el portal de La Silla Vacía.
“Actualmente, las AGC están disputándose el territorio (sur de Córdoba) con, al parecer, disidencias de las FARC, lo que dificulta la llegada de la asistencia técnica a estas zonas. Además del fuego cruzado existen campos minados (...). Los enfrentamientos entre estos grupos ponen en riesgo a la comunidad y la fuerza pública no ha hecho mucha presencia en la zona”, le dijo a este medio uno de los líderes de la Coccam.
Según indicó la FIP, en el Bajo Cauca la situación de disputa territorial no es muy diferente, esta vez entre las AGC y un grupo que le declaró disidencia, conocido como ‘Los Caparrapos’, ocasionando así una ola de nueva victimización y confinamiento contra la población civil. En el sur de Córdoba, los homicidios entre agosto y octubre de 2018, comparados con el mismo periodo del año anterior, habrían incrementado 230%. ‘Los Caparrapos’ es un grupo paramilitar recordado por haberse aliado con el exjefe paramilitar y narcotraficante Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, cuyo nombre proviene del lugar de origen de algunos de sus integrantes: el municipio de Caparrapí, Cundinamarca, documentó el portal Verdad Abierta.
La Paz en el Terreno documentó el caso de Miguel Edmiro Pérez, presidente de la JAC de la vereda La Unión, también del municipio de Tarazá, militante del movimiento político Marcha Patriótica e integrante de diferentes organizaciones sociales como la Asociación Campesina del Bajo Cauca antioqueño (Asocbac). Pérez fue asesinado en su casa entre la 1 y las 2 la tarde del 22 de octubre de 2017. Poco más de un año después, un juez en Antioquia condenó a Jhon Fernando Mazo, alias ‘Conejo’ o ‘Muelas’, a 26 años de prisión por el crimen. Mazo era un desmovilizado del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y “jefe de escuadra” de ‘Los Caparrapos’.
En el informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el posacuerdo (de la CCJ, el IERPRI y el CINEP, entre otros colaboradores) a las AGC le siguen los desertores y disidentes de las FARC como principales victimarios de los líderes de sustitución documentados: tres bajo el presunto fuego de los rebeldes del Frente Primero en Guaviare y Meta, y dos en Nariño, a manos del Frente Oliver Sinisterra, una estructura bajo el mando de Walter Patricio Arizala, el famoso alias ‘Guacho’, quien le declaró la guerra a la erradicación manual en Tumaco. Uno de ellos es el ya referido líder afro José Jair Cortés, representante del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Para el Cuerpo Élite de la Policía, alias ‘Guacho’ y Jefferson Chévez Toro, alias ‘Cachi’, uno de sus lugartenientes, son los autores intelectuales del siniestro.
Los cultivos de uso ilícito en Nariño no aumentaron considerablemente en 2017, pero Tumaco finalizó el año siendo, de nuevo, el municipio con la mayor cantidad de área sembrada de coca en el país. De acuerdo con el informe sobre los patrones en los homicidios, en Tumaco han asesinado, al menos, a tres líderes de sustitución desde la firma del acuerdo de paz, cinco en total contando todos los del departamento. Según líderes de Coccam, el PNIS está detenido en Nariño y hay incumplimiento con los pagos, como en otras regiones del país.
Como pudo establecer La Silla Vacía, en Tumaco está ocurriendo lo que se entiende como un “efecto globo”, pues si bien se logró avanzar en la reducción de su área cultivada, en sus zonas aledañas se presentan aumentos en la siembra.
En el Guaviare, el número de hectáreas disminuyó en 2017, según La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a pesar de que el otrora Frente Primero de las FARC tenga allí uno de sus centros de operaciones. Leonardo Díaz, coordinador de Protección del Programa Somos Defensores, denunció que los disidentes del Frente Primero habrían convocado a varias comunidades campesinas del sur del país para suscribir lo que él llama un “pacto de muerte”, amenazas cuyo propósito consiste en desestimular la erradicación voluntaria. El accionar de estos grupos residuales, sin embargo, también incluye otras regiones del país, como, por ejemplo, “disidencias del Frente 36 de las FARC”, que han puesto en la mira a los líderes y familias del PNIS en el municipio de Briceño, Antioquia, documentó la FIP.
El ELN no se ha quedado atrás. En expansión y disputándole a diversos grupos criminales el control de las rentas ilícitas de diferentes territorios de departamentos como Arauca, Chocó y Bolívar, ha sido el presunto responsable de al menos dos homicidios contra líderes de sustitución de cultivos en el Valle del Cauca durante el tercer trimestre de este año, según el archivo de Somos Defensores. Los investigadores de la CCJ, el Iepri y el Cinep cuentan con el registro de otros tres homicidios en Chocó, Antioquia y Norte de Santander, perpetrados bien sea por ellos o por el EPL, viejos aliados que ahora se enfrentan a capa y espada por la coca del Catatumbo. La cuenta sube a cuatro si se tienen en cuenta los números de la Coccam.
Desde que el EPL le declaró la guerra al ELN en la región del Catatumbo, en marzo de 2018, sus combates han dejado a más de 1.600 personas en condición de desplazamiento forzado, según números de la FIP. Fuertes estrategias de control, de parte y parte y en diferentes magnitudes, han puesto a los líderes sociales y la población civil padeciendo en el medio. Para la Defensoría del Pueblo, Norte de Santander es el tercer departamento más victimizado por la violencia contra defensores de DDHH (21 líderes asesinados), antecedido por Cauca (84) y Antioquia (49).
Según OCDI GLOBAL, las amenazas contra los líderes de la Coccam y de Ascamcat en el Catatumbo están a la orden del día. De acuerdo con Somos Defensores, hay una “crisis de gobernabilidad” en la región, puesto que la presión de los actores armados para que las comunidades desistan de la sustitución ha ocasionado la renuncia y el desplazamiento de múltiples líderes y dignatarios de las JAC. La población, confinada, desconfía tanto de la profundización del conflicto por la contienda ELN - EPL, como de la respuesta del Estado al militarizar la región y de las falsas expectativas que despertaron los acuerdos de paz.
La mayoría de líderes de sustitución han fallecido en Cauca, Nariño, Antioquia y Córdoba, según los números de la CCJ y de la Coccam. Los municipios con mayor número de víctimas mortales de la Coccam son Tumaco, Nariño, con ocho homicidios; López de Micay, Cauca, con cuatro, y con tres homicidios cada uno: Bolívar, Cauca; San José de Uré, Córdoba, y Tarazá, Antioquia. Según la coordinadora, la lista de presuntos responsables involucra a miembros de la fuerza pública, por ejemplo, en contextos de enfrentamientos relacionados con protestas contra la erradicación forzada, como ocurrió en octubre de 2017 con los hechos conocidos como la masacre de El Tandil, en Tumaco; AGC; un grupo armado residual de las FARC autodenominado como ‘Frente (Fuerte) Unido del Pacífico’, el ELN y el EPL. En el 47% de los casos (22 de 47), según el informe de la Coccam, no se tiene pista de los autores.
De la presencia de carteles internacionales de droga dominando áreas colombianas de cultivo se ha dicho mucho. Algunos apuntan que supuestamente están por el suroccidente, el nororiente o el noroccidente del país. Aunque hay muchas dudas al respecto, Richard Dobrich, el director de la DEA para la región Andina, despejó algunas de ellas en entrevista con Caracol Noticias a mediados de octubre del año 2018. Según él, hay evidencia de carteles mexicanos cerrando negocios con colombianos, más no de organizaciones mexicanas controlando territorios de la geografía nacional.