EN DOBLE DE RIESGO

Son varias las razones que permiten afirmar que el riesgo contra los promotores de la sustitución de cultivos va más allá de la violencia de los grupos alzados en armas. Aparte de la extorsión, la obediencia y el silencio que traen consigo, también están la indiferencia, la estigmatización y las contradicciones del Estado.

Explicada en palabras de Pedro Arenas, coordinador de OCDI GLOBAL y exalcalde de San José del Guaviare, esta “paradoja” consiste en que si bien el gobierno está implementando el PNIS —a paso tortuga—, ha ordenado, al mismo tiempo, la erradicación forzada de los cultivos en los territorios. “Chocando así con los campesinos, derivando en casos tan graves como la masacre de El Tandil, pero también en otros casos como los del Cauca, hasta completar 14 asesinatos de personas que protestaban contra la fuerza pública”, aseguró Arenas. Enfrentamientos que también han resultado en agresiones contra los agentes.

Los hechos conocidos como la masacre de El Tandil ocurrieron el 5 de octubre de 2017 en el municipio de Tumaco, Nariño. Ante la inminencia de un operativo de la fuerza pública para erradicar forzadamente los cultivos de esta vereda, un grupo de siete campesinos que protestaron al ver amenazada su fuente de sustento resultaron muertos por una ráfaga de disparos. A la fecha, ningún uniformado ha sido sancionado ni condenado. Para la Coccam, otro homicidio contra uno de sus miembros en un contexto de erradicación forzada tuvo lugar en el Cauca. Según Arenas, este doble riesgo ha ocurrido desde hace 40 años, el cual incluye la erradicación forzada, la aspersión aérea, el desplazamiento forzado y la pérdida de seguridad alimentaria, “violaciones a los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública”.

La paradoja estatal también se da en cuanto a que hay una “política ambigua” derivada de los acuerdos de paz, como es calificada por algunos cultivadores de coca del sur de Bolívar. “Por un lado, se prometen beneficios económicos y asistencia técnica para la sustitución, al tiempo que se llevan a cabo operativos de erradicación forzosa y, por otro, se pretenden llevar a cabo procesos de sustitución en lugares donde el ELN y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) siguen controlando el territorio”, consigna la Fundación Ideas Para la Paz (FIP) en el estudio Las Garantías de Seguridad: una mirada desde lo local: Sur de Bolívar.

La doble vulneración contra los líderes de la sustitución hace parte de esa acción con daño a la que se hace referencia al comienzo de este reportaje: el generalizado incumplimiento de los acuerdos de paz que ha dejado expuesta a esta población marginal. “El PNIS en general había sido bien acogido por los campesinos, pero no se contempló en los acuerdos que habría un repoblamiento de actores armados en las regiones con presencia de cultivos”, afirmó Leonardo Díaz, coordinador de Protección en el Programa Somos Defensores, quien también fue enfático en señalar que es imperioso otorgarles medidas de protección no solo materiales sino también legales y políticas contra la estigmatización.

Hay una buena razón por la cual Borja Paladini Adell, representante del Instituto Kroc en Colombia, dijo que un gran reto para el proceso de sustitución es “reconocer y dar legitimidad a estos líderes como aliados del Estado, un puente entre instituciones y comunidades, y no como una amenaza”. Los campesinos cocaleros en Colombia, por su relación con la cadena productiva del narcotráfico; el mayor karma colombiano ante el mundo, han sido históricamente estigmatizados y victimizados. Los acuerdos buscan darles el trato diferencial que amerita su contexto de vulnerabilidad, como una manera de solucionar parte del problema de las drogas ilícitas, pero también de sacar a los cocaleros de la clandestinidad.

El limbo jurídico al que han estado condenados, cercado por la legalidad, los ha convertido en enemigos del Estado. El temor al ajusticiamiento de los grupos al margen de la ley por un lado, y el miedo a la judicialización y a la violencia estatal por el otro, los ha llevado al más profundo anonimato, conviviendo ocultos en los lugares más apartados de la topografía colombiana. La peligrosa línea de la incomprensión ha llevado a funcionarios del gobierno actual a vociferar públicamente, alimentando la violencia, que el que siembra coca es un ilegal, únicamente, y no alguien que muy probablemente necesita hacerlo para subsistir.

Otra prioridad para Paladini Adell es aprobar el proyecto de ley de tratamiento penal alternativo a pequeños cultivadores de coca, para brindarles seguridad jurídica tanto al campesino como al funcionario que apoya la implementación del PNIS. Tras varias negativas del Congreso para tramitar el proyecto favorablemente en años anteriores, el 23 de agosto de este año, el partido Farc, con apoyo de cinco congresistas de otros movimientos, radicó una iniciativa que aún no ha sido discutida.

Un asunto trascendental, cuando la desprotección de un gran número de los impulsores de la sustitución es incontrovertible. Aún cuando del acuerdo surgió senda normativa en materia de protección y prevención —mucha de ella aún en el papel—, la política de sustitución como tal no tiene componente de seguridad, aún con el alto nivel de riesgo que afronta. Este tipo de liderazgo, incluso, ni siquiera aparece en el marco general colombiano de protección, el Decreto 1066/15 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior). Es más, si la vida de un líder de sustitución de cultivos peligra, él o ella únicamente podrán acceder a medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), siempre y cuando, “estén vinculadas a un proceso de víctimas o de organizaciones sociales”, aseveró Juan David Bello, asesor de la dirección de la UNP. “Por ejemplo, nosotros protegemos a algunas personas de Coccam”.

No fue posible establecer con exactitud cuántos líderes de la Coccam y demás organizaciones sociales promotoras de la sustitución de cultivos están siendo protegidos por la UNP, pero su director, Pablo Elías González, aseguró que deben ser muy pocos. “En lo que se refiere al tema de sustitución de cultivos, pues digamos que la protección ahí en unos casos se da fundamentalmente por parte de la Policía y por parte del Ejército”, manifestó. Los huecos jurídicos en materia de protección, ante la inminencia de los riesgos, ha llevado a organizaciones como la Coccam a solicitar medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde mayo de 2018, las medidas están en proceso de solicitud y cobijarían a los 50 miembros de la Coordinadora Nacional, instancia de mayor representación de la Coccam que involucra líderes de 12 departamentos y cinco organizaciones sociales de carácter nacional.

A mitad del año 2018, mientras la implementación del PNIS se teñía de rojo por el asesinato de sus líderes y el Estado se contradecía haciendo usos excesivos de la fuerza, el Instituto Kroc advirtió sobre la urgencia de gestionar condiciones de tranquilidad. Para evitar nuevos episodios como los de la masacre de El Tandil, Kroc consideró como una prioridad la creación inmediata de un Protocolo de Seguridad para la Implementación del Esfuerzo Conjunto de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, que pudiera coordinar esfuerzos interinstitucionales para actuar en los territorios. “Es clave entender que las estrategias de erradicación forzada afectan las labores de sustitución de cultivos de uso ilícito. Los líderes de sustitución de cultivos ilícitos actualmente no son sujetos de protección por dicha labor y en cambio sí están siendo objetivo de homicidios por la labor que realizan”, informan los resultados del Balance de principales mecanismos de seguridad y protección del acuerdo de paz en Colombia, de Kroc.

Aunque a finales de agosto de este año el presidente Iván Duque firmó el llamado “Pacto por la Vida y la Protección de los líderes sociales y las personas defensoras de Derechos Humanos”, comprometiéndose así, entre otras cosas, a diseñar una política pública participativa de prevención y protección integral con enfoques diferenciales, lo único que ha hecho por ahora es crear una comisión intersectorial para armonizar la normatividad vigente al respecto. El 19 de noviembre expidió el Decreto 2137, creando así la llamada “Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO) para defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas”, nada nuevo a lo que ya se ha inventado según representantes críticos de la sociedad civil, dejando pendiente la socialización de la verdadera política pública que prometió.

Otro de los compromisos del “Pacto por la Vida” fueron garantizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad —aún sin convocar durante el actual mandato presidencial—, acelerar el programa de medidas colectivas de seguridad y modernizar y fortalecer a la UNP, blanco de señalamientos de ineficiencia por parte de los movimientos sociales victimizados.

Pablo Elías González, quien llegó a la dirección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el gobierno Duque, aceptó la necesidad que tienen de ir más allá de la protección e incursionar en la prevención. Para eso, pretende mejorar en el detectamiento de situaciones de riesgo y ampliar el número de programas de protección colectiva (actualmente hay 38 según la UNP), especialmente para comunidades campesinas. El hecho de que la gran mayoría (40 de 47) de los líderes de la Coccam haya sido asesinada sin amenaza previa demuestra la necesidad de garantizarles medidas de protección integrales, materiales y no materiales, y de “trascender hacia la prevención”, en palabras de González.

Muchas veces, la institucionalidad encargada no contempla medidas para las realidades del mundo rural. Tras las continuas amenazas contras sus vidas, tanto Rodrigo** como Jairo Navarro se desplazaron para Bogotá, donde denunciaron su situación y pasaron algunas semanas apartados de sus familias. Rodrigo, a pesar de estar amenazado de muerte, volvió a su finca para buscarle sustento a sus cuatro hijos y esposa, en ese entonces en estado de embarazo. La UNP quería asignarle un guardaespaldas, pero él tuvo que rechazar la oferta, puesto que andar con escoltas en su pueblo es aún más peligroso; así le podrían asociar fácilmente con algún actor del conflicto armado.

“La gente nos miraba con lástima a los líderes, el rumor era que venían a matarnos”, recordó con tristeza este campesino oriundo del Caquetá. Rodrigo tuvo que esperar por cuatro meses, escondido y cuidándose hasta de no asistir a las reuniones del PNIS, para que la UNP le consiguiera a él, a su esposa e hijos, incluyendo a la nueva bebé, un nuevo lugar para reubicarse.

Jairo Navarro, por el contrario, aún no ha sido reubicado. Le dijeron que esperara hasta enero. Mientras tanto “está recostado”, como él dice, en la casa de un amigo, después de pasar dos temporadas asentado en albergues de Bogotá y de la Costa Caribe. Desde hace pocas semanas, sin embargo, dice contar con el esquema de protección que estaba esperando desde julio, compuesto por una camioneta blindada, el mantenimiento del vehículo, dos escoltas, un chaleco, un celular y un cupo mensual de combustible.

Navarro, alejado de su esposa y sus dos hijos, espera el mes de enero con ansiedad para visitarles. También continuará trabajando por la implementación del PNIS y ayudando en la siembra de sacha-inchi.

Esta historia deja varios interrogantes, pero también conclusiones. ¿Cómo luchar con eficacia contra los demás eslabones del narcotráfico, verdaderos beneficiarios de este baño de sangre? ¿Llegará algún día el respeto de los derechos constitucionales para el campesino, cocalero o no? ¿Es un error no haber pensado en la legalización para solucionar el problema de las drogas ilícitas? Mientras no haya respuesta, es imperioso mitigar el doble riesgo que afecta a los líderes de la sustitución, brindarles protección integral, quebrantar la impunidad reinante alrededor de sus enemigos y visibilizar la preocupante violencia en su contra. En fin, es necesario cumplirles lo prometido.

**Nombres cambiados a petición de la fuente por razones de seguridad