A QUIÉNES ESTÁN MATANDO
Aunque viven a más de 1.300 kilómetros de distancia, Jairo Navarro y Rodrigo** comparten la desdicha de engrosar la lista de dirigentes municipales de la sustitución que han estado al borde de la muerte. Según el estimado más inquietante, por lo menos 40 líderes de sustitución de cultivos de uso ilícito han sido asesinados este año, según Indepaz.
En Achí, un municipio del sur de Bolívar ubicado sobre el margen izquierdo del río Cauca, se cultiva coca desde hace 14 años. 460 familias achianas —320 propietarias de cultivos y 140 recolectoras— que habrían suscrito los requeridos acuerdos colectivos previos a la inscripción de cada familia al PNIS, desde mayo estarían esperando su ingreso al Programa de Sustitución. El fuerte control social que ejerce en el territorio el grupo neoparamilitar Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tiene parado el proceso de suscripción, evitando que la comunidad pueda retomar a cabalidad las actividades económicas que abandonó por la coca: el cultivo de arroz y maíz, la pesca, la minería de oro en la parte alta de la Serranía de San Lucas, el corte de madera, la piscicultura, la crianza de pollos y la pequeña ganadería, así como nuevos proyectos productivos como la siembra y el procesamiento de sacha-inchi, una especie endémica nativa que está de moda, de la que se puede sacar un aceite de rentable productividad.
Los Gaitanistas de la región del Corcovado, un importante corredor para el tráfico de cocaína que pasa por el sur de Bolívar, han amenazado a las familias cocaleras que firmaron los pactos, han prohibido la entrada de la ONU y de los excombatientes de las FARC al territorio para la gestión de los acuerdos familiares, y también han desplazado a Jairo Navarro, un líder comunitario que lleva trabajando 25 años por el bienestar de los suyos. “Las primeras amenazas fueron llamadas, 15 días después de haber sido nombrado presidente de la Coccam en el municipio. Luego me enviaron mensajes con tipos en motos y, luego, hubo dos amenazas fuertes, el 13 y 23 de julio, cuando me estaban esperando en la carretera para matarme”, recuerda el líder, a quien el Clan del Golfo continuó persiguiendo tras su desplazamiento.
A diferencia de Jairo Navarro, otras 17 cabezas de la sustitución local de los cultivos de uso ilícito en diferentes regiones del país, cuyas historias han sido documentadas en profundidad por La Paz en el Terreno, no lograron salvarse. Líderes que como él se dedicaban a la socialización de los acuerdos de paz y del PNIS, como el ya mencionado líder de Tierralta José Yimer Cartagena, quien aunque por miedo no denunció las amenazas del Clan del Golfo, su organización, Asodecas, había sido confirmada bajo riesgo por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Otro ejemplo es Wilson Arnulfo Quetama, miembro de la Asociación para la Reparación Colectiva de Víctimas en San José del Palmar (Asovicopal), Chocó, asesinado el 8 de abril del 2018 cuando fue citado a una reunión en zona rural de su municipio.
Otros fueron asesinados en medio de vías veredales y caminos intermunicipales, como Jamer Alberto Idrobo, muerto dos meses y medio después en una carretera del municipio de Patía. Idrobo, exconcejal del Cauca, coordinaba el tema de sustitución en la vereda La Joaquina, del municipio también caucano de Balboa, apoyando el diseño de un plan de cultivos de uso ilícito que le diera las ganancias necesarias para sobrevivir y mejorar las condiciones de vida de la vereda.
Para los investigadores de la CCJ, el IEPRI y el CINEP, entre otros colaboradores, autores del informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el posacuerdo, hay una relación directa entre estos homicidios y la implementación del PNIS. 23 de los 27 líderes de sustitución que documentaron fueron asesinados tras el comienzo formal del Programa, en enero de 2017, desde entonces dedicados a hacer pedagogía sobre sus bondades. Una correlación que también denuncia la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, el proceso organizativo que agrupa a la mayoría de líderes de sustitución en el país.
“Cruzando los asesinatos de miembros de Coccam (45 hombres y dos mujeres) con los beneficiarios PNIS caracterizados y/o verificados a 26/09/2018 según UNODC, se evidencia que con excepción de Guaviare, todos los departamentos con mayor número de beneficiarios del PNIS corresponden con los 10 departamentos donde han asesinados miembros de Coccam”, concluye el Informe nacional sobre violación de Derechos Humanos en la implementación del Punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas” a la Coccam.
La mayoría de ellos fueron asesinados en sus casas, bajo el fuego de sicarios contratados por la hampa, quienes les llegaron a propinar hasta 11 disparos, como ocurrió con don Falver Cerón Hernández en el Cauca. El sábado 18 de febrero de 2017, antes de que lo asesinaran, muy puntual estuvo en la cabecera del municipio de Mercaderes. Había reunión con todas las Juntas del municipio y él, entre sus papeles, llevaba por escrito un proyecto de urgente necesidad para su comunidad: la construcción de un colegio, para que muchos jóvenes no terminaran como ‘raspachines’ de matas de coca. La crueldad ha sido excesiva. Casi un año después, dos encapuchados llegaron hasta la finca de María Magdalena Cruz Rojas, líder de la sustitución en Mapiripán (Meta) y, frente a su esposo e hijo, también le dispararon.
Otros líderes habían sido considerados como desaparecidos, pero luego fueron hallados por sus comunidades, como Alfonso Pérez Mellizo, asesinado en Patía (Cauca) el 12 de diciembre de 2017, y James Celedonio Escobar, cuyo cuerpo fue arrastrado por el río Mira y hallado en la vereda de La Playita, en Tumaco (Nariño), un día después de su muerte. Un líder de la Coccam, sin embargo, nunca apareció. Nixon Mutis Sosa, presidente de la JAC de la vereda Chaparral, en Cantagallo (Bolívar), en cambio fue abandonado en una moto canoa sobre el río Cimitarra, un mes y medio después del asesinato de Pérez Mellizo. Rubiela Pabón lideró la búsqueda de Mutis Sosa y, tras encontrarlo naufragando, decidió asumir el liderazgo de su esposo, tanto en la JAC como en la Coccam. Andrés Nieto, secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de Derechos Humanos, Credhos, a la que pertenecía Mutis Sosa desde 2013, le dijó a La Paz en el Terreno que personas cercanas a Mutis han tenido situaciones de amenaza por actores desconocidos durante este año.
En la mayoría de las veces, los crímenes permanecen en la impunidad y están dirigidos contra integrantes de diferentes organizaciones sociales que lideran las Juntas de Acción Comunal de sus poblados, formas de asociatividad campesina reconocida por el Estado y muchas veces puente entre el PNIS y las comunidades cocaleras. Según el informe Todos los nombres, todos los rostros, de los 226 líderes con diferentes causas que registraron como asesinados en 2018, 181 hacían parte de organizaciones campesinas, JAC y étnias rurales.
Para Alejandra Llamo, delegada de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ante el Consejo Permanente de Dirección del PNIS y la Cumbre Agraria, aparte de múltiples comunidades afro, ha habido pueblos indígenas que han sido particularmente afectados por los cultivos de uso ilícito y las violencias que conllevan, como los Barí del Catatumbo, los Awá de Nariño, los Embera del Alto San Jorge, los Nasa del Cauca, los U'wa de Santander y de Arauca, los Zenú de Córdoba, los Kankuamos del Cesar y el pueblo Nukak, del Guaviare, entre otros. Importante, cuando se estima que el 30% de los cultivos de coca en Colombia cubren territorios étnicos, situación que, según Llamo, no está siendo tenida en cuenta en la implementación del PNIS y demás estrategias para solucionar el problema de las drogas ilícitas. “El PNIS no fue consultado con los pueblos indígenas, carece de enfoque étnico, no hicieron consulta previa, libre e informada”, acotó.
Por otro lado, casi la cuarta parte de los líderes sociales analizados por la CCJ también corresponden a dignatarios asesinados de Juntas de Acción Comunal (JAC) (61 de 257 líderes con diferente tipo de liderazgo), una característica que coincide con la mayoría de registros documentados por La Paz en el Terreno (10 de 17 líderes de sustitución asesinados) y por la Coccam, en cuya base de datos registraron que estos líderes de JAC también coordinaban los comités cocaleros de sustitución en sus pueblos.
Aunque la mayoría de los miembros de la Coccam asesinados (40 de 47) no había alertado sobre amenazas de muerte, siete miembros de la Coccam sí denunciaron situaciones previas que afectaran su integridad, como José Osvaldo Taquez, según informaron varios medios locales. El 20 de julio de 2018, después de una reunión para socializar el PNIS, Taquez, presidente de una JAC en el Putumayo, fue interceptado por un grupo de hombres armados que le dispararon mientras montaba a caballo camino a casa.
Asumiendo la comprensión de la palabra sistematicidad como actos planeados de seguimiento, con focalización de las víctimas en regiones específicas y llevados a cabo por estructuras armadas con jerarquía, control territorial y repertorios de violencia, entonces no hay duda de que el asesinato contra estos líderes corresponde a un ejercicio sistemático, como señala Camilo Bonilla, coordinador de investigaciones de la CCJ.
Según el informe de la Coccam, las circunstancias en las que han ocurrido los homicidios son un argumento de la existencia de esta sistematicidad: “Que el 60% de los casos hayan ocurrido en la vivienda o en la vereda y que otro 17% haya ocurrido cerca a la vereda, permiten inferir que previamente a los hechos hubo un proceso de seguimiento e identificación de las actividades, rutas, lugares y horarios que tenían los líderes. Esto indica un ejercicio de planeación por parte de las estructuras armadas”. Se puede hablar de sistematicidades regionales, complejas, que van más allá de una lógica en la que alguien, detrás, mueve todos los hilos.
Rodrigo**, un reconocido líder social del Caquetá, primero como presidente de una JAC, luego como delegado del campesinado ante Parques Nacionales y desde 2015 como impulsador municipal del PNIS, le ha ganado tres asaltos a la muerte. “Yo soy un campesino agricultor, caqueteño, que trabaja al pie del cultivo, donde crío cerdos, gallinas y pollos”, es la manera en la que se presenta quien primero sobrevivió para mediados del 2016, cuando un grupo de sujetos que usaban vestimenta privativa de las fuerzas armadas allanaron su finca sin orden judicial. Por suerte, unos vecinos le avisaron que dos camiones con gente armada iban en dirección a su casa. “Como dejé prendido el fogón de leña, ellos sabían que me había ‘volado’. Me esperaron hasta las 3 de la tarde”.
La segunda amenaza arribó unos meses más tarde. Dos hombres empistolados que no eran de la región llegaron a su finca y preguntaron por él. Por casualidad, un día antes, Rodrigo había salido hacia el casco urbano del pueblo para negociar una vaca. Una pareja que el líder comunitario había contratado para cultivar plátano y yuca en su predio tuvo que decirle a estos personajes sospechosos que él no se encontraba en casa. Los hombres se fueron con pistola en mano, juntándose con un tercer individuo que les esperaba en el camino. Desde ahí, gente desconocida comenzó a averiguar por su paradero.
Durante este año, un grupo armado desconocido que firma “FARC” se ha encargado de resembrar el terror que había desaparecido de este municipio caqueteño desde hacía más de cuatro años. Colmaron el pueblo con panfletos de amenazas de muerte contra los líderes de la sustitución, comenzaron a citarlos y, en tan solo un mes, asesinaron, en algunos casos de manera brutal, al menos una docena de personas. Pocas horas antes de su muerte, Gerardo**, presidente de una JAC cercana, había quedado con Rodrigo de avisarle a las familias participantes del PNIS que pronto estarían listos unos nuevos pagos. La muerte le pisaba los talones de nuevo. Los enemigos de la sustitución, que tocaron la puerta de varios líderes esa noche y pintaron letreros alusivos a las FARC, pasaron por la misma carretera que Rodrigo había transitado en moto para visitarlo y darle la noticia.
**Nombres cambiados a petición de la fuente por razones de seguridad