DIMENSIONES DE LA VIOLENCIA ANTISUSTITUCIÓN
La persecución contra los líderes campesinos de la sustitución es anterior al inicio formal del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), dado a conocer el 27 de enero de 2017. José Yimer Cartagena, un reconocido líder comunitario del municipio de Tierralta, Córdoba, había sido desaparecido 17 días antes por hombres armados en algún punto de la carretera que lleva al vecino municipio de Carepa, en el Urabá antioqueño. Al día siguiente apareció muerto cerca de allí con signos de tortura. José Yimer, vicepresidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), estaba encargado de promover y hacer pedagogía sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito en la región. En septiembre de 2018, varios medios informaron que Adrián Marco Higuita, alias ‘Manco’ o ‘Camilo’, presunto jefe de sicarios de las autoproclamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), aceptó su responsabilidad en el crimen ante un juzgado especializado de Antioquia.
Durante los más de 22 meses desde la muerte de José Yimer, diferentes centros de pensamiento, organizaciones sociales y órganos estatales han documentado decenas de homicidios de líderes de sustitución, eso sin contar las constantes agresiones en su contra, como amenazas, hostigamientos y desplazamientos forzados. Aún cuando hay disparidad en las cifras, todas prenden las alarmas, sugieren patrones y cuestionan la sistematicidad de los crímenes.
Sicarios de la mafia, en la gran mayoría de los casos, asesinaron a 23 líderes de sustitución de cultivos durante el año 2017 y, en lo corrido del 2018, han apagado las vidas de otros 40 (63 casos en total). La información hace parte de la versión actualizada del 19 de noviembre del texto conjunto Todos los nombres, todos los rostros, Informe de Derechos Humanos sobre la situación de líderes/as y defensores de Derechos Humanos en los territorios, una colaboración entre el Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular (CACEP) y el movimiento político Marcha Patriótica.
Otros investigadores coinciden con la tendencia al aumento de los homicidios, esta vez registrados en el informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de líderes sociales en el posacuerdo . Comparando los registros de los años 2017 y 2018, con una base total de 26 dirigentes de la sustitución documentados, el número de vidas sesgadas en 2018 habría aumentado, al menos, tres veces y medio. Así lo documentaron la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) junto a un grupo de aliados como el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (IEPRI) y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), aclarando que probablemente hay más casos sin registrar.
Algunos sucesos reportados recientemente ocurrieron el 10 de noviembre, cuando desconocidos que se movilizaban en una motocicleta asesinaron a Héctor Fabio Almairo en el municipio de La Macarena, Meta. Almairo, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Getsemaní, era un reconocido defensor del medio ambiente, de los recursos naturales y del proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región, que lideraba desde la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam.
La mayoría de los líderes de sustitución asesinados (47 personas de las 63 registradas por Indepaz) pertenecían a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, de acuerdo con Cristian Delgado, coordinador del equipo nacional de Garantías y Derechos Humanos de Marcha Patriótica. Dato confirmado por el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos OCDI GLOBAL. “Las víctimas de Coccam tenían diferentes grados de participación del PNIS, algunos estaban metidos de lleno liderando y otros participaban y recibían los subsidios del Programa”, aseguró Pedro Arenas, coordinador de OCDI GLOBAL. La Coccam es una plataforma compuesta por varias organizaciones sociales que representa y organiza a la mayoría de familias inscritas en el PNIS, del que hace parte como miembro de su órgano consultivo, el Consejo Permanente de Dirección. Desde enero de 2017 ha impulsado la conformación de comités cocaleros veredales, municipales, departamentales y una coordinación nacional que agrupa 50 líderes de todo el país.
“Para nosotros, los 47 eran líderes y defensores de DDHH, pues ellos están impulsando la implementación del PNIS en sus territorios”, aseguró Sara Guarín, secretaria general de Coccam, quien también denunció la reiteración de situaciones de peligro que enfrenta la organización: un estimado de al menos 38 amenazas individuales, 12 de ellas contra la comisión política de la coordinadora, conformada por sus representantes regionales. “Hay, al menos, una agresión a la semana, hostigamientos y amenazas colectivas”, informó Guarín.
Si bien la mayoría de dirigentes de sustitución amenazados integran instancias representativas de la Coccam, el 60% de los homicidios, sin embargo, han estado dirigidos contra los coordinadores veredales y municipales. Es decir, están amenazando más a quienes tienen mayor visibilidad “para sembrar el terror y paralizar la acción política de los líderes”, pero están asesinando más a los que coordinan la implementación del PNIS directamente en sus pueblos. Esta es una de las conclusiones del Informe nacional sobre violación de Derechos Humanos en la implementación del Punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas” a la Coccam, socializado por Guarín el pasado 10 de diciembre.
Cristian Delgado también registró amenazas directas contra líderes de sustitución de cultivos y denunció que este año se han presentado como mínimo 28 casos. Muchas veces, estas derivan en desplazamientos forzados de individuos y grupos, como le ocurrió, por ejemplo, a cinco miembros de la comisión política de Coccam y a toda la junta directiva del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, en Tumaco (Nariño), poco antes del asesinato de su vocero, José Jair Cortés, el 17 de octubre de 2017. Incluso, estos ataques han desembocado en desplazamientos de toda una comunidad, como sucedió el 18 de enero de 2018, cuando asesinaron a Plinio José Pulgarín en San José de Uré (Córdoba). Tras el homicidio del presidente de la JAC de la vereda San Pedrito, los perpetradores citaron a cerca de 130 familias de la vereda y les exigieron abandonar el pueblo.
La situación de peligro que actualmente atraviesan no solo los líderes de sustitución de cultivos, sino los demás líderes sociales y defensores de DDHH es inminente, incluyendo a líderes políticos, sindicales, afros, indígenas, comunitarios, de restitución de tierras, de la comunidad LGBT, ambientales, líderes de víctimas, de mujeres y de estudiantes. Según comentó el Vicedefensor del Pueblo, Jorge Enrique Calero, en un conversatorio recientemente organizado por Colombia2020, la Defensoría tiene registro oficial de más de 500 amenazas en su contra, más de 345 organizaciones sociales amenazadas y, entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto de 2018, 343 líderes y defensores asesinados. Según explicó Calero, la mayoría de las amenazas están firmadas por las supuestas “Águilas Negras”, un grupo que, según las autoridades, no existe como tal (vea también: El fantasma detrás de las “Águilas Negras”).
La cuenta que dio la Defensoría, afirman algunos centros de pensamiento y organizaciones sociales, puede ser mucho más alta. No más durante este año, entre enero y noviembre, Indepaz, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria registraron 226 asesinatos en 112 municipios, y el Programa Somos Defensores, que lleva más de diez años documentando esta preocupante situación generalizada, documentó 105 casos hasta septiembre, un posible subrregistro que ha seguido creciendo.
La disimilitud en las cifras obedece a que cada organización cuenta con diferentes fuentes de información, accesos dispares a las regiones y distintas metodologías, sin embargo, todas las organizaciones que han procurado sistematizar el fenómeno han registrado subconteos. O al menos, así está consignado en el informe Asesinatos de líderes sociales en Colombia en 2016–2017: una estimación del universo, publicado en agosto del presente año, una colaboración entre el Centro de Estudios de Justicia, Derecho y Sociedad (Dejusticia) y el Human Rights Data Analysis Resource Center.
Con o sin subrregistro, Somos Defensores contó, entre julio y septiembre de 2018, al menos 32 casos de líderes sociales asesinados, lo que representa un incremento del 120% con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando hubo 18 víctimas fatales, según balance del Boletín Trimestral del Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH). Durante este tercer trimestre, “128 personas defensoras de Derechos Humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo su vida e integridad y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los Derechos Humanos en Colombia”, constata el boletín. De acuerdo con este estimado, las agresiones habrían aumentado con respecto al mismo periodo en 2017, “por ejemplo, para el tipo de agresión asesinato, se evidencia un incremento del 77.7%, lo cual se traduce en un recrudecimiento de la situación de seguridad para personas defensoras en los territorios”.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) también concuerda con el coyuntural aumento de los crímenes contra los defensores de la vida. Según su informe Los primeros 100 días del presidente Iván Duque: Dinámicas del conflicto, implementación del Acuerdo de Paz y la Política de Drogas del nuevo Gobierno, entre agosto y noviembre aumentó el número de agresiones (61) y homicidios (34) contra líderes sociales, 115% y 143% respectivamente, sobre todo en zonas de disputa armada, generalmente por el control de sus rentas ilícitas.
La creciente persecución contra los líderes sociales y comunitarios en Colombia, aquellos que luchan por la satisfacción de las necesidades básicas de sus comunidades, es una violencia de vieja data, y más bien reciente atención pública, que se ha venido presentando mayoritariamente en las regiones cocaleras. Así lo aseguran la CCJ y la FIP. Los primeros afirman que hay una coincidencia espacial entre las zonas de mayores áreas cultivadas y los lugares con más líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz (ver mapa superior). Utilizando su propia base de datos, la Coccam llegó a la misma conclusión: todos los asesinatos contra su organización han ocurrido en los departamentos con mayor densidad de cultivos de coca. El 55% de los homicidios se han concentrado en los cinco departamentos que encabezan la lista.
La FIP también llama la atención sobre el actual recrudecimiento de la violencia en estas regiones. Durante los primeros tres meses del gobierno Duque, los homicidios en las regiones de sustitución de cultivos habrían aumentado un 35%, con respecto a agosto, septiembre y octubre de 2017, una tendencia también al alza el resto del año. En los primeros siete meses de 2018, según la FIP, los homicidios se incrementaron un 40% en 51 municipios con vinculación de familias al PNIS, pasando de 471 a 685 muertes violentas.
Reclamar derechos constitucionales en los lugares marcados por la cadena productiva del narcotráfico, donde decenas de comunidades hoy le apuestan a implementar modos de vida ajenos al cultivo de coca, se ha convertido en una actividad cada vez más mortal.