A pocos meses de cumplirse cinco años de la Firma del Acuerdo Paz, cerca de 3.500 excombatientes que dejaron los espacios donde iniciaron su proceso de reincorporación, siguen luchando por adquirir tierras que les permitan impulsar proyectos productivos y tener vivienda propia. La seguridad de 34 Nuevas Áreas de Reincorporación puede estar en riesgo.
La lucha por la tierra que han emprendido los excombatientes es resultado de un asunto complejo: no se pactó en el Acuerdo de Paz. El Gobierno y las FARC, en la mesa de negociación en La Habana, no acordaron la compra de predios para que los firmantes de paz desarrollaran, con total seguridad, un proceso colectivo de reinserción económica. Este vacío llevó al Gobierno actual a prometer la compra de tierras y titulárselas a los exguerrilleros, para lo que destinó $16 mil millones de pesos solo para la compra de los 24 Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), donde, según la Misión de Verificación de la ONU, únicamente viven entre 2.500 y 3.000 excombatientes (el 20% de los 13.000 ex FARC). Pero a la fecha solo ha adquirido nueve y la propiedad sigue siendo del Gobierno, no de los excombatientes o sus cooperativas.
Sin embargo, solos o agrupados en cooperativas o asociaciones, los firmantes del Acuerdo de Paz que dejaron los AETCR han gestionado por sí mismos y con el apoyo de terceros, como familiares, comunidades amigas y ONG, la consecución de terrenos donde proyectan su futuro, enmarcadas en el término de Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Pero no ha sido fácil, la estigmatización de la que son sujetos, los altos precios de los predios, la inseguridad económica y la inexperiencia en los trámites legales y bancarios, han sido retos del día a día, sin contar con el riesgo que enfrenta su seguridad en las regiones más apartadas donde se recicla la violencia.
Las NAR pueden entenderse como proyectos en los que excombatientes se han asociado para llevar su proceso de reincorporación colectivo a buen término, caracterizadas por la autogestión y la cooperatividad. En algunos casos, los firmantes del Acuerdo viven y producen en las NAR, pero en otros trabajan la tierra y no la habitan. Este especial recoge más de 20 historias sobre la lucha por la tierra que los firmantes del Acuerdo de Paz han emprendido en las NAR y los AETCR.
La tierra no prometida
En la última semana de enero de 2017, dos meses después de haberse firmado el Acuerdo Final de La Habana, la antigua guerrilla de las FARC emprendió la que se convertiría en su última marcha con el fusil terciado al hombro. Unos 6.500 hombres en armas salieron de sus territorios históricos hacia 19 zonas veredales y siete puntos transitorios dispuestos para que iniciaran su camino a la legalidad. Seis meses después, el 27 de junio, la Misión de Verificación de la ONU certificó que las Farc dejaban oficialmente 8.994 armas y cerraban la puerta, definitivamente, a la vía armada.
El 15 de agosto de 2017, las zonas veredales se convirtieron en 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, conocidos hoy como Antiguos ETCR, donde los excombatientes pusieron en marcha su proyecto de vida sin armas. Pronto, a mediados de 2018, los espacios territoriales de Vidrí, en Vigía del Fuerte (Antioquia), y Gallo, en Tierralta (Córdoba) fueron suprimidos, y así quedaron 24 AETCR en 13 departamentos del país, que siguen existiendo hasta hoy.
Sin embargo, la figura legal que mantenía esos espacios expiró el 15 de agosto de 2019 y desde entonces, su situación jurídica ha estado en la incertidumbre. Si bien el Gobierno Nacional ha continuado atendiéndolos en materia de abastecimiento o renta básica mensual, aún están a la espera de que se defina si entrarán al ordenamiento territorial de los municipios en donde se encuentran.
Los excombatientes no estaban obligados a permanecer allí. Paulatinamente, fueron saliendo de los AETCR y se fue configurando lo que se conoce como la nueva geografía de la reincorporación. Buena parte de ellos volvió a sus regiones de origen a encontrarse con sus familias y a seguir su tránsito a la legalidad de forma individual. Pero otros decidieron asociarse colectivamente, se fueron de sus espacios y en otras zonas del país levantaron Nuevas Áreas de Reincorporación, hoy conocidas como NAR. Según la Misión de Verificación de la ONU, actualmente pueden ser unas 75 NAR en todo el país, aunque el Componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) ha hablado de cerca de 85 de ellas.
Para Laura Villa, delegada CNR-Farc, las NAR surgieron por cuenta del lento y precario avance de los proyectos productivos en los AETCR, ubicados, la mayoría, en zonas alejadas y sin vías adecuadas que las conectaran con centros urbanos para la comercialización de sus productos. Además, había inconformidad frente a la infraestructura y condiciones de habitabilidad de los AETCR, porque aseguran no se ajustaban a lo pactado. En consecuencia, muchos firmantes de paz empezaron a autogestionar su proceso de reincorporación.
Sin embargo, frente a la pregunta ¿qué caracteriza a una NAR?, no hay consenso.
Para el Componente Farc del CNR, es una forma a través de la cual los firmantes del Acuerdo de Paz comparten dinámicas de carácter asociativo y se integran en los territorios en su proceso de reincorporación. “Es una versión colectiva de futuro, a pesar de las dificultades, de seguir trabajando y generando asentamientos en zonas rurales o urbanas. Trascienden la geografía a los lazos de la colectividad, y del vivir y trabajar juntos”, señala Villa.
Para la Misión de Verificación de la ONU, hay dos criterios fundamentales en la definición de NAR. Excombatientes que participan en actividades productivas colectivas, o áreas en las que al menos vivan 10 reincorporados que trabajan conjuntamente en proyectos productivos.
Y el Gobierno, por su parte, no las reconoce por no haber estado contempladas en el Acuerdo y carecer de figura jurídica. Sin embargo, desde el mandato de Santos se amplió el abastecimiento propio de los AETCR a lo que el Gobierno llamó 25 “zonas aledañas”, donde también vive población excombatiente.
Para quienes habitan las NAR, la ruta de acceso a tierras no está tan clara. En noviembre de 2020, el Gobierno expidió un decreto que habilitó la posibilidad de que predios en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), objeto de extinción de dominio, fueran transferidos a excombatientes de las FARC. La única condición es que los firmantes del Acuerdo cuenten con un proyecto productivo aprobado por el CNR en el caso de los colectivos, o por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en el caso de los individuales. Hasta el momento, por esa ruta solo se ha entregado un predio, en Huila, y no contempla la adjudicación de tierras para la construcción de sus viviendas.
Sin tierra no hay reincorporación colectiva
En un rastreo que La Paz en el Terreno y la UIP adelantó en 28 NAR de diferentes regiones del país, se identificaron más de 1.220 excombatientes reunidos en grupos de entre 6 y 125 personas, con un promedio de 55 firmantes por NAR, que en su mayoría planean o llevan a cabo proyectos productivos, sobre todo agropecuarios, en más de 804 hectáreas (h2) conseguidas a pulso. Sin embargo, la mayoría no cuenta con las tierras necesarias para trabajar y en al menos 11 NAR aún no tienen hectáreas disponibles.
Si bien existe un número limitado de terrenos donados a los colectivos o dados en comodato —préstamo de tierra por un tiempo establecido—, la gran mayoría de las NAR se asientan en predios arrendados o de sus familiares, necesarios para el desarrollo de sus proyectos productivos, que van desde la piscicultura —principalmente de tilapia—, la apicultura y el cultivo de café, cacao, papaya, aguacate, fríjol, ñame y plátano, hasta la crianza de aves, cerdos y ganado. También hay proyectos de ecoturismo, costura y renta de servicios como lavadoras. Muchos, sin embargo, han tenido que empezar nuevos proyectos después de que sus primeros intentos fallaran, porque las cosechas no fueron exitosas, los animales enfermaron, les tocó reubicarse y perder lo invertido, o por inexperiencia con su ejecución.
La mayoría de estos proyectos colectivos son autogestionados y autofinanciados, al menos en algún porcentaje. De las 75 NAR que monitorea la Misión de Verificación de la ONU, solo en cerca de 25 hay proyectos aprobados por el CNR. Allí, los excombatientes tuvieron que arreglárselas para asegurar tierras que pudieran usar, pues es uno de los requisitos para que el CNR apruebe el proyecto. No obstante, de acuerdo con el Componente Farc del CNR, habría muchos reincorporados que para arrendar o hacer pequeñas compras de tierra han tenido que utilizar su Capital Semilla, es decir, los $8 millones que les otorgó el Acuerdo de Paz para financiar sus proyectos productivos, de vivienda y educativos. “Eso termina afectando la estabilidad de los proyectos productivos, que se supone es el destino de ese capital”, asegura Laura Méndez, integrante del Componente.
“Esto representa una carga financiera que asumen los mismos excombatientes con los recursos aprobados, afectando notablemente la rentabilidad de los proyectos y la sostenibilidad de los mismos. Es por esto que el acceso a tierra es un elemento fundamental para la sostenibilidad de la reincorporación económica y social”, asegura la Misión de la ONU.
Los contados casos en los que han podido comprar tierra con recursos propios generalmente deviene del ahorro de su renta básica —el 90% del salario mínimo que cada excombatiente acreditado recibe mensualmente— y de las ganancias de los proyectos productivos. Estos son los casos de la NAR San José de León, en Mutatá (Antioquia), donde hay 47 h2 a nombre de una cooperativa con 60 afiliados, aunque haya integrantes que desean trabajar allí su tierra propia. Mensualmente, entre otros proyectos, producen 4 toneladas de pescado. Y el caso de la NAR de Santa Cecilia, en Pueblo Rico (Risaralda), donde han cancelado el 60% de la deuda para las escrituras de 27 h2, también a nombre de su cooperativa —aún les resta un saldo de 45 millones de pesos—. Aún no tienen proyectos productivos en marcha, pues la prioridad es pagar el terreno. Han recibido capacitaciones del PNUD y el SENA y apoyo del CNR con la planeación de un proyecto piscícola, pero buena parte de la financiación devendrá del Capital Semilla.
En otros casos, autoridades locales, el sector privado y ONG han facilitado o donado predios, como ocurrió en la NAR de Quibdó (Chocó), donde 51 reincorporados también están organizados en una cooperativa. Después de que el CNR les aprobara un proyecto de tilapia roja y desestimaran la compra de un terreno por su inalcanzable valor, un comerciante de la región les ofreció un predio de 7 h2. “Inicialmente nos lo dio en comodato, mientras que se daban los procesos de compra, lo cual nunca se dio, por lo que el comerciante decidió donarnos la tierra para el terreno de la cooperativa. Desde ahí, empezamos todo el trámite legal para el traspaso, pero todo son recursos y nosotros no tenemos con qué. Esos trámites tienen un costo y en eso estamos estancados en este momento. No hemos podido conseguir el dinero para esto”, aseguró un reincorporado de la NAR.
La gran mayoría de las NAR rastreadas por La Paz en el Terreno y la UIP demuestran la serias dificultades que han tenido los excombatientes para acceder a tierras en todo el país, bien sea para desarrollar proyectos productivos y de vivienda. Desde los Montes de María, donde están hacinados en casa de sus familiares, hasta Urrao (Antioquia), donde planean un proyecto de café tipo exportación y una planta transformadora de fruta, pero tras tres años de interlocución con la ARN y la Agencia Nacional de Tierras, no ha sido posible concretar la consecución de terrenos. Aproximándose los cinco años de la Firma del Acuerdo de Paz, es común que los proyectos planeados no se hayan podido ejecutar por la falta de tierra.
Para el Componente Farc del CNR, es imperativo que el Gobierno reconozca la existencia de las NAR y les entregue una oferta diferencial por su condición de excombatientes, para así llevar con éxito el proceso de reincorporación social y económica. Al cierre de esta edición, la ARN no había respondido a las preguntas de este medio para conocer su perspectiva sobre la realidad de las NAR.
Una dificultad adicional para los reincorporados, según denuncian, se da con el sector bancario al momento de solicitar créditos para adquirir tierras para las NAR, o invertir en proyectos productivos que superan en costos el Capital Semilla. En efecto, el director de la Misión de Verificación de la ONU asegura que “con la banca comercial no ha sido fácil, porque los excombatientes no tienen historia crediticia, ni respaldos financieros; además, algunos están en la Lista Clinton. Es un desafío complicado que tiene que ver con la posibilidad de ser sujetos de créditos”.