Antioquia silenciada

El control ilegal sobre una nutrida lista de ‘botines’ de guerra que van más allá de la coca, la poca presencia del Estado y conflictos con grandes empresas mineroenergéticas tendrían silenciados a los líderes y las lideresas sociales antioqueños. Así lo mapeó el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, una red que reúne 80 organizaciones sociales en el departamento.

Por: Juan Gómez, Silvia Corredor Rodríguez, Valeria Arias Suárez, Carlos Mayorga, periodistas de La Paz en el Terreno*

Antioquia ha sido uno de los corazones del conflicto armado en Colombia y en los últimos cuatro años, tras la firma del Acuerdo de paz, la violencia no ha dado tregua, por el contrario, se ha mantenido, incluso durante la pandemia actual. Cerca de un centenar y medio de líderes y lideresas sociales han sido asesinados desde entonces, sin contar a las personas, registradas o no, que por defender su territorio también han sido amenazadas, desplazadas y agredidas de muchas otras maneras.

Fuentes: Cruce y análisis propio con información de Somos Defensores, la Defensoría del Pueblo, el Proceso Social de Garantías de para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia e Indepaz-Marcha Patriótica, agresiones documentadas entre el 24 de noviembre de 2016 y el 27 de octubre de 2020. Crédito infografías: gráfico El Espectador.

Además, son violencias que no escapan al género, la etnia y la identidad sexual. En el caso de las comunidades indígenas, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) explicó que desde el 2019 se ha incrementado la violencia contra las comunidades originarias. Pueblos de por sí silenciados ante la convivencia prolongada con los actores armados ilegales y por la cual han quedado en medio de los fusiles. Este panorama les ha obligado a desplazarse hacia lugares en los que no pueda ignorarse su situación. Desde 2016 a octubre de 2020, según informa la OIA, hubo 52 casos de desplazamiento en Antioquia que involucran a comunidades o miembros indígenas. El Bajo Cauca resalta en las cifras de estas victimizaciones para la comunidad Senú y la Organización Indígena resalta que “los grupos armados ilegales las han sometido al imperio de la ley del silencio para que las comunidades no denuncien toda la vulneración de sus derechos”.

Occidente, por ubicarse en medio de una ruta del narcotráfico, también hay riesgos para los liderazgos indígenas, explica María Fernanda Posada, de la Gobernación de Antioquia.

A las mujeres las atacan en razón de su género. Varias lideresas indicaron que han recibido intimidaciones en las que también amenazan a sus hijos, esposos y al resto de su núcleo familiar. También son descalificadas empleando contra ellas y sus liderazgos palabras como ‘perras´, ‘desocupadas’ o frases como ‘están buscando novio’, refiriéndose, puntualmente, a su representación y sus luchas.

En subregiones como Occidente no hay una gran presencia de liderazgos LGBTI+ y ese desconocimiento sobre las expresiones sexuales y de género no han contribuido al avance en el tema, explican los líderes y lideresas. En el municipio de Ituango, de la subregión del Norte, los liderazgos LGBTI+ son reducidos por la estigmatización hacia la comunidad. En Nordeste, a pesar de que los líderes y lideresas entrevistados reconocen la aceptación de los liderazgos diversos, han circulado panfletos amenazantes contra la comunidad LGBTI+. En Medellín, Valle de Aburrá, el 25 de marzo de 2020, fue agredido un líder con arma blanca, en la comuna 8 de la ciudad. Para otras personas, la violencia fue letal: Liliana Holguín pertenecía a la Mesa LGBTI+ del municipio de Caucasia, el 26 de febrero de 2019 fue asesinada mientras se desplazaba con su sobrino en una motocicleta, quien también murió.

La Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos para líderes y lideresas sociales en la mayoría de las últimas 40 Alertas Tempranas (AT) emitidas para el departamento. “Hay un patrón sistemático en Antioquia de violencia política y especialmente hacia movimientos de izquierda, movimientos de derechos humanos, sociales y sindicales. Los líderes reclamantes de derechos son los más victimizados”, asegura Max Yuri Gil Ramírez, coordinador de Antioquia en la Comisión de la Verdad (CEV).

Las particularidades del conflicto varían según cada una de las nueve subregiones del departamento, pero a rasgos generales, hay, por un lado, territorios en los que la influencia de estructuras armadas ilegales estaría tan arraigada y naturalizada que los líderes y lideresas han optado por callar sobre este control social y, así, librarse de sus castigos (subregiones de Urabá, Valle de Aburrá, Oriente y Magdalena Medio). Y hay, por el otro lado, territorios donde la violencia, ya normalizada, es indiscriminada contra la población, particularmente contra sus líderes, ante las disputas entre grupos ilegales por imponer su control, muchas veces buscando copar los espacios dejados por las reincorporadas FARC (subregiones de Bajo Cauca, Norte, Nordeste y municipios de Occidente y Suroeste). En ambos escenarios, sin embargo, las estructuras criminales se han fortalecido durante la pandemia, el deterioro del movimiento social es creciente y la mejor opción para sobrevivir es el silencio, aseguran los líderes y las lideresas sociales entrevistados.

“Los grupos armados han avanzado con la pandemia a territorios donde no hacían presencia, abandonados por el Estado, y llegan a intentar someter a la población”, denuncia un representante del Proceso Social de Garantías.

Fuentes: Referenciado cruce y análisis propio de bases de datos. Crédito infografía: gráfico El Espectador.

Mapas de riesgo

Con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), La Paz en el Terreno logró reunirse con el Proceso Social de Garantías para la Labor de Líderes, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia y actores institucionales de la Mesa Territorial de Garantías para elaborar los siguientes mapas de riesgo:

*La Paz en el Terreno es una alianza entre Colombia 2020 y Rutas del Conflicto que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la ex guerrilla de las Farc en dos temas claves: la situación de los líderes sociales y el proceso de reincorporación de los excombatientes. Para mayor información, consultar lapazelterreno.com. Esta publicación es posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.


Una investigación en alianza con