Liderazgo en Chocó: el costo de defender el territorio

En Chocó, el silencio es ley. Únicamente algunos líderes y lideresas que tienen amplio reconocimiento o esquemas de seguridad, se atreven a hablar del fuerte control que grupos armados ilegales tienen sobre los ríos chocoanos y demás zonas estratégicas para economías ilícitas. En medio de un territorio de vasta riqueza natural, rico en minerales y con salida a los océanos Pacífico y Atlántico, los liderazgos afrocolombianos e indígenas resisten junto a sus comunidades a la violencia, al confinamiento y a la degradación de su entorno. Ante un marcado abandono estatal y el control social que principalmente imponen las AGC y el ELN, no les queda más que la autoprotección para seguir defendiendo su territorio.

Por: Carlos Mayorga, Santiago Luque, Silvia Corredor Rodríguez y Juan Gómez, periodistas de La Paz en el Terreno*

Crédito: Archivo El Espectador

En Chocó, el silencio es ley. Únicamente algunos líderes y lideresas que tienen amplio reconocimiento o esquemas de seguridad, se atreven a hablar del fuerte control que grupos armados ilegales tienen sobre los ríos chocoanos y demás zonas estratégicas para economías ilícitas. En medio de un territorio de vasta riqueza natural, rico en minerales y con salida a los océanos Pacífico y Atlántico, los liderazgos afrocolombianos e indígenas resisten junto a sus comunidades a la violencia, al confinamiento y a la degradación de su entorno. Ante un marcado abandono estatal y el control social que principalmente imponen las AGC y el ELN, no les queda más que la autoprotección para seguir defendiendo su territorio.

Por: Carlos Mayorga, Santiago Luque, Silvia Corredor Rodríguez y Juan Gómez, periodistas de La Paz en el Terreno*

“La gente no habla, está callada porque piensa que la van a asesinar o a desplazar", manifestaron a La Paz en el Terreno líderes del Bajo Atrato y Darién, una de las cinco subregiones chocoanas, en ejercicios de mapeo para identificar los riesgos contra sus vidas —en Chocó, es común que tras el homicidio de un líder étnico, su comunidad, sintiéndose desprotegida, se desplace forzadamente—. En esto concuerdan líderes de la Costa Pacífica: “hay liderazgos fuertes de mujeres, hombres, indígenas, negros, mestizos, pero lamentablemente tocó menguar porque ya estamos viendo que están matando, que no es mentira, que están en riesgo".

Crédito infografías: gráfico El Espectador.

Las cifras de diferentes organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo, contrastadas por La Paz en el Terreno, muestran que en Chocó, entre 2017 y abril de 2021, hubo al menos 126 agresiones contra líderes sociales, entre las que resaltan 69 amenazas y 44 asesinatos, sin contar las que no se denuncian. Dos de cada tres hechos ocurrieron en el Bajo Atrato y Darién —donde arrecia la violencia contra líderes de restitución de tierras—, incluyendo 56 amenazas y 17 asesinatos. Le sigue la subregión de Alto y Medio Atrato, con 23 agresiones, 15 en Quibdó, donde pandillas, principalmente, han desbordado la situación de inseguridad.

Cruce de datos propio con información entre 2017 y abril de 2021 de La Defensoría del Pueblo, el Programa Somos Defensores, la Misión de Observación Electoral (MOE) y Marcha Patriótica - Indepaz. Crédito infografías: gráfico El Espectador.

Las cifras de violencia más bajas en algunas subregiones no necesariamente están ligadas a que allá la violencia sea menor. Muestra de ello es que en el San Juan, líderes indígenas y negros cuentan con esquemas de protección. Los líderes y lideresas han entendido cómo se deben mover por el territorio y cuándo deben callar para no tener riesgo. “Los grupos armados le dicen a uno haga su trabajo comunitario que nosotros hacemos nuestro trabajo de guerra. Le toca a uno estar al margen de eso", aseguró un líder en el mapeo.

Tras la salida de las FARC en el año 2016, con la firma del Acuerdo de Paz, se reconfiguró el poder armado sobre el departamento, principalmente competido por las neoparamilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de mayor expansión en el territorio, y la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN), de histórica influencia en algunas zonas. Presentes en todo el departamento, cada grupo tiene mayor presencia en unos municipios y disputas ‘a muerte’ por el control de otros. Son contadas las zonas donde no hay enfrentamientos, como lugares en la subregión de San Juan, donde ambos grupos tendrían un acuerdo de no agresión, según manifestó Defensoría del Pueblo y se corroboró en el mapeo.

La abundancia de afluentes que conectan el norte, el sur y el centro del departamento, e incluso del país, permite la movilidad de armas y drogas, así como la instalación de peajes ilegales. Las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó también han propiciado condiciones estratégicas para la permanencia de cultivos de uso ilícito y el desarrollo de proyectos de extracción minera. Además, la cercanía de Chocó con Panamá ha favorecido el negocio del narcotráfico porque conecta con el mar y, por ende, con Centroamérica y el comercio internacional de la droga, promoviendo así el financiamiento de los grupos armados ilegales, de estrecha relación con carteles mexicanos.

Las acciones de denuncia o para contrarrestar los efectos que tienen estos negocios ilegales, principalmente sobre una juventud sin mayores oportunidades y el territorio, propician escenarios de riesgo para la labor social. Su trabajo va en contravía de los intereses de los actores armados ilegales: conservación ambiental, defensa de los derechos humanos y preservación de sus tradiciones ancestrales, alejadas de la ilegalidad.

Para muchos, defender el territorio les ha significado el destierro, como es el caso de Leonibal Campo, indígena Embera del Resguardo Tahamí Alto Andágueda (Bagadó). Hace tres años, tuvo que salir de su territorio, donde no tiene garantías de retorno y las amenazas a su liderazgo social han llegado hasta Bogotá. Cerca del 85% de los chocoanos registrados en el Registro Único de Víctimas sufrieron el flagelo del desplazamiento forzado.

La pandemia, además, ha incomunicado aún más a las comunidades chocoanas, en un conocido contexto de falta de conectividad, las cuales viven en desconfianza y bajo estrictos controles de los armados, muchas veces mimetizados en las poblaciones. “Los grupos armados pasaron de andar en camuflado a estar camuflados", afirmó un investigador que ha trabajado en Chocó durante años, quien también indica que en ocasiones ni siquiera hay certeza de que haya algún informante; también por ello, las personas prefieren callar. Incluso, para hablar por teléfono en los contados puntos donde coge señal, la gente muchas veces debe hacerlo en altavoz, con gente armada escuchando, aseguró un acompañante de procesos sociales en Chocó que también pidió la reserva de su nombre.

En la actualidad, el control armado ha llegado hasta el punto en que hay líderes y lideresas sociales que en el norte del Chocó no pueden acceder a terreno con sus esquemas de seguridad. Los grupos armados ilegales lo tienen prohibido y les hacen dejarlos en Chigorodó o en Belén de Bajirá, aseguraron líderes en el mapeo. En muchos poblados, la gente que sale de la zona tiene que avisarle al grupo armado para dónde va y a qué, advierte Adith Bonilla, coordinadora de la Territorial Chocó de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). “La comunidad ha quedado más expuesta", afirmó.

LA AUTOPROTECCIÓN, LA ÚNICA SALIDA

A pesar de la existencia de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) —no se sabe cuántas o cuáles con exactitud, pues la entidad no respondió a una solicitud de información al cierre de esta edición—, los líderes chocoanos siguen a merced de los violentos. Incluso, la violencia en subregiones como el Bajo Atrato también ha afectado a escoltas de los líderes, como es el caso de León Jairo Rendón Ortiz y Robinson Romaña Cuesta, quienes fueron secuestrados el 10 de noviembre de 2019 y aparecieron sin vida días después.

Y ante tanta violencia, ¿dónde está el Estado? Su presencia en el territorio está representada principalmente por la fuerza pública, institución que tampoco ha sido efectiva y genera poca confianza en la población. “Acá no hay confianza, no se siente respaldo por la fuerza pública. Si uno va a denunciar un caso de atropello, un caso de violación por un grupo al margen de la ley, uno tiene que pensarlo muy bien para no ser revictimizado", alertan los liderazgos. Además, agregan que la fuerza pública no tiene mayor injerencia, porque “los que imponen la ley son los actores armados, la guerrilla y los paramilitares, el Estado no manda en el territorio".

Según algunas denuncias de líderes sociales, esta situación de zozobra se debe a la presunta connivencia entre miembros de la fuerza pública y actores armados ilegales, en un contexto de solventes economías ilícitas. Ante dichos señalamientos, representantes de la fuerza pública señalaron que muchas veces sus interacciones son de manera indiscriminada con cualquier miembro de la comunidad y asumen que en algunos casos pueden tratarse de sujetos con nexos paramilitares que ellos desconocen. Cuando la comunidad ve esas interacciones, asumiría que hay conexidad entre el paramilitarismo y los militares, acotan.

Diferente a lo que podrían ser nexos con paramilitares, en abril de 2021, dos patrulleros de la Policía Nacional y un exintegrante de la institución que habrían delinquido en Quibdó, fueron capturados por presuntos nexos con el ELN.

Crédito: Archivo El Espectador.

Las comunidades, sin embargo, no solo manifiestan sentir desconfianza en la fuerza pública, sino también que sus puntos de control, principalmente en los ríos del departamento, pues dicen que vulneran sus derechos. En el San Juan, el Alto y Medio Atrato y en el Bajo Atrato-Darién, líderes y lideresas sociales denunciaron que les han restringido el transporte de alimentos y víveres, aunque al menos en esta última subregión se pudo dialogar con los uniformados y levantar las restricciones. Desde el Ejército Nacional se mostró preocupación porque los líderes y lideresas sociales los identificaran como un factor de riesgo. “Ojalá el Chocó se uniera a la fuerza pública", manifestó a La Paz en el Terreno un representante de la Fuerza Tarea Conjunta Titán del Ejército.

En este difícil contexto, mientras llegan los urgentes acuerdos humanitarios que a los ojos de Jesús Arroyo, coordinador de la Macroterritorial Pacífico de la CEV, podrían mitigar de manera más inmediata la exposición de los civiles en el conflicto, las comunidades necesitan fortalecer sus medidas de autoprotección. Para Adith Bonilla, a pesar de los largos años de atropellos desde todos los frentes, sus lazos de confianza se han debilitado pero no se han perdido, “es lo que todavía funciona y ha evitado que mueran más líderes".

La autoprotección no es solo callar, va desde acciones cotidianas como identificar a tiempo movimientos extraños y evaluar en colectivo posibles riesgos, hasta mediar con valentía para que los armados liberen a un joven reclutado o a un líder secuestrado. Así pasó en febrero de 2020, cuando las AGC, ante la petición de su comunidad, liberaron al líder indígena José Mielito Cabrera, del Resguardo Alto Río Napipí (Bojayá). Cabrera ahora vive retirado de su territorio original.

Otra iniciativa que ha tomado fuerza es la creación de Guardias Cimarronas para proteger a las comunidades afro, sin armas y de manera organizada, un ejercicio similar a las Guardias Indígenas, también victimizadas en el territorio. “Que si van a matar a uno, salgan 10 a defenderlo", afirmó un líder impulsor de la iniciativa. “La idea es que las comunidades se sientan seguras con este mecanismo y no se sientan encarceladas en su propia casa […] Es un mecanismo limpio y autónomo que busca complementar a la comunidad", dice una de las personas que conoce acerca del proceso. Aunque algunas personas manifiestan sentir temor por la conformación de estas guardias y las labores que puedan llevar a cabo, quienes han trabajado en la creación de las mismas aseguran que: “es importante aclarar que no se busca suprimir a los Consejos Comunitarios, es solo un mecanismo de protección. La guardia busca atender situaciones de vulneración de derechos humanos o implementar la seguridad en los espacios comunitarios".

Mapas de riesgo

Con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Mesa Territorial de Garantías del Chocó, La Paz en el Terreno logró reunirse con líderes y lideresas de las cinco subregiones del departamento para elaborar los siguientes mapas de riesgo. Tras los mapeos, la información fue susceptible de procesos de contrastación periodística.

*La Paz en el Terreno es una alianza entre Rutas del Conflicto y Colombia+20 que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en dos temas claves: la situación de riesgo contra los líderes y las lideresas sociales y el proceso de reincorporación de los firmantes del Acuerdo. Esta publicación es posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol) y la Embajada de Suecia.


Una investigación en alianza con