“Aquí ya no estamos hablando de reincorporados, sino que estamos hablando de familias”: Gustavo Bocanegra, excombatiente del AETCR Icononzo, Tolima.

Son varias las formas que se utilizan para referirse a este espacio. ETCR de Icononzo, Tolima, o el ETCR de La Fila —nombre de la vereda—, o Antonio Nariño. Aquí confluyen, cooperan, y se asocian los hombres y las mujeres que alguna vez fueron del Frente 21, Adan Izquierdo, de la extinta guerrilla de las FARC. Ahora son 130 familias viviendo en tierras que no les pertenecen, y que asumen como suyas por lo pronto, mientras se cumple el pacto de la Habana: el acceso a un proyecto de vivienda, y la ejecución de proyectos productivos, que les generen un ingreso económico de manera periódica.

El ETCR Antonio Nariño está ubicado en la vereda La Fila, en el municipio de Icononzo, al oriente del departamento del Tolima. Hace parte de la subregión del Sumapaz, junto con los municipios de Melgar, Carmen de Apicalá, Villarrica y Cunday. La mayor urgencia de quienes habitan este punto de concentración en estos momentos, obedece a la legalización del predio donde se encuentran asentados, porque no son dueños de las tierras donde han construido buena parte de sus proyectos productivos, y menos de las casas que han tenido que ir readecuando con recursos propios, para vivir junto sus familias de manera digna, porque estas se están cayendo a pedazos.

Sus principales proyectos productivos han sido la producción de peces, cerdos, mora, sacha inchi, y algunos cultivos de pancoger, y la ganadería. Pero además, cuentan con dos proyectos que han capturado la atención del país, y han traído avances económicos para los suyos. Estamos hablando de la cerveza La Roja —Asoroja—, y su tejedora, —TejPaz—, que ya no sólo teje y confecciona, también cuenta con su propia marca de ropa: Avanza.

Durante estos años han constituído algunas asociaciones, dice Gustavo Bocanegra, líder del AETCR de Icononzo, que además de brindar los productos y servicios anteriormente mencionados, también se dedican a prestar el servicio de banqueteria para eventos importantes, y ofrecer “experiencias guerrilleras” a turistas, a través de la simulación de sus comidas y campamentos. Las demás se ocupan del cuidado de los niños y niñas, la producción de café, entre otras actividades. Algunas de estas asociaciones son: la Fundación de Semillas de Reconciliación, Asociación de Mujeres y Familias —Asomufam—, Asociación Digna por la Paz, Economías Solidarias del Común y Cooperativa Nueva Esperanza.

Durante los últimos meses, también se ha fortalecido la Asociación Productora Audiovisual —ASPAL—, que nació con la intención de llevar a la pantalla sus historias de vida durante la guerra, y que estas sean narradas y protagonizadas por ellos mismos.

En la Asociación Digna por la Paz,

La financiación de todos estos proyectos e iniciativas, han sido a través de Capital Semilla. Una entrega única de ocho millones de pesos que hizo la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, para proyectos de vivienda, productivos o de educación. Estos dineros los desembolsó el Consejo Nacional de Reincorporación ,CNR. Otras fuentes económicas han provenido del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD—, y la autogestión en mayor medida. Cada una de estas asociaciones y cooperativas, cuentan con entre 30 y 50 afiliados. Algunas también tienen participación de campesinos y personas víctimas del conflicto armado. Más de doscientas personas participan en estos proyectos, de las más de trescientas que hicieron su desarme en este AETCR.

Otras apuestas productivas aún se encuentran en el aire, como es el caso de un proyecto de ganadería. “Conseguimos el predio, e iniciamos el proceso de construcción de toda la infraestructura, y el gobierno dijo sí, y luego dijo que no había plata, y entonces el trabajo de tres años se perdió. A los compañeros les dijeron que iniciaran, y se confiaron, creyeron en el gobierno, que luego les compraban las tierras, y no fue así” relata Gustavo, con gran decepción. Además, continúa, “los proyectos productivos mientras no tengan asegurada la propiedad sobre la tierra, es muy difícil sostenerlos”. Los que emprendieron con la piscicultura, han logrado mantenerse porque compraron la tierra por su cuenta, pero dicen algunos excombatientes que el valor de las tierras en el Tolima, tras la firma del Acuerdo de Paz, ha aumentado considerablemente.

El AETCR Antonio Nariño, aún no cuenta con un proyecto de vivienda. El predio lo compró la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, pero aún no se los han escriturado, y al parecer solo 7 de las 20 hectáreas son construibles. Por tanto, y mientras se resuelve la situación, han estado viviendo en las casas que les entregaron al inicio del proceso de desarme, que con el tiempo se deterioraron, fueron construidas con vida útil de seis meses, y han pasado casi cinco años. Esto es sumamente preocupante porque ya no son solo excombatientes, ahora son padres y madres de familia y tienen hijos e hijas pequeñas que necesitan lugares seguros para crecer.

Bocanegra hace un serio llamado al gobierno nacional, porque considera que “aquí ya no estamos hablando de reincorporados, (...) sino que estamos hablando de familias. Todos somos cabezas de familia, tenemos niños, compañeras, tenemos el papá, la mamá, los hermanos, etcetera, etcetera. Aquí ya somos núcleos familiares. (...) pues esto agrava la situación, porque dentro del acuerdo la reincorporación dice que es con las familias, es integral, y en los espacios de reincorporación había que hacer eso. De manera que eso genera un problema social, porque al lado de nosotros también hay bocas que esperan que se solucione la situación”.

En medio de esta situación económica tan difícil, el Gobierno Nacional estableció que no tendrán derecho a hacer parte de los proyectos de vivienda para reincorporados en AETCR, quienes ya tengan, a pesar de que estas hayan sido adquiridas durante estos años a través de su propio trabajo, y ante las demoras en el acceso.

A través de la Resolución 0094 del 10 de marzo de 2021, expedida a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en su artículo 14 señala que “cuando alguno de los miembros del hogar sea propietario de una o más viviendas en el territorio nacional” El Fondo Nacional de Vivienda —FONVIVIENDA— encargado de recibir las solicitudes para la postulación —deberán postularse a través de un formulario, bajo un sistema de puntos— y el acceso al Subsidio Familiar de Vivienda Rural aplicable a los ex integrantes de las FARC- EP, evaluado a través de un formulario que priorizará el acceso. Son cerca de ocho puntos, evaluados de 1 a 10, en los que se buscará identificar si quien se postula además de ser jefe del hogar, es una mujer, si algunas son madres comunitarias o tienen niños menores de cinco años. Es claro que no todos los excombatientes cuentan con estas características, y necesitan definir su situación en materia de vivienda.

“Y nos está pidiendo que hagamos un censo nosotros mismos, para definir a quiénes creemos que le pueden dar casa y a quienes no allí en el predio donde está el ETCR, (...) y nosotros no vamos a aceptarlo. Estamos exigiendo que haya un enfoque diferencial, un decreto o una ley diferencial (...).La pelea de nosotros es que la reincorporación debe ser integral para quienes están dentro o fuera de los espacios territoriales de reincorporación” puntualizó Bocanegra.

En Icononzo ya no se habla de excombatientes, se habla de familias. Las tierras en las que se encuentran asentados pertenecen a la ARN, con la particularidad de que no todas son aptas para la construcción de vivienda, es decir, algunos de ellos tendrán que salir de allí. Después de casi cinco años fabricando una vida en este lugar, y trabajando fuertemente para sacar adelante un proyecto productivo desde cero, junto a sus compañeros y compañeras. Todos ellos dejaron las armas atrás, quieren vivir en paz y con dignidad, y la única ruta que han encontrado para hacerlo, ha sido a través de la búsqueda de la tierra y su labrado, y la construcción de fuentes de economías propias.