La búsqueda de un buen vivir

Fermín Betancourt, a quien sus compañeros reconocen por el apodo “Libertad”, es uno de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, y es actualmente el representante legal de la Asociación Campesina Agroambiental: Construyendo Paz para el Buen Vivir, constituida con 16 reincorporados.

Aldo Valero hace parte del grupo. Conoció a Fermín en el Espacio Territorial para la Capacitación y la Reincorporación (ETCR) de Icononzo, en la región del Sumapaz, al cual fueron asignados por el Gobierno Nacional cuando dejaron las armas.

Durante diferentes reuniones y capacitaciones ofrecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los reincorporados tuvieron la idea de conformar una organización campesina para dar vida a un proyecto productivo que les permitiera forjarse un mejor futuro.

Con esa meta pretendieron conformar una cooperativa, que es, según la Cámara de Comercio de Bogotá, “una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa”. La misma entidad exige que sean mínimo 20 personas las que la constituyan. Pero Fermín y Aldo no lograron reunir ese número de compañeros. Por lo tanto, decidieron constituirse como una asociación, que corresponde a entidades que surgen de la unión entre dos o más personas naturales o jurídicas, con fines altruistas o benéficos y sin ánimo de lucro. Así, en 2018, crearon la Asociación Campesina Agroambiental, por fuera del ETCR, dando lugar a lo que se ha denominado Nueva Área de Reincorporación (NAR).

“El ETCR de Icononzo tiene unos proyectos muy amplios, y tienen un trabajo con las comunidades, pero en las regiones se necesita llegar a las personas para que tengan una orientación diferente sobre lo que es realmente el Acuerdo de Paz. Nosotros quisimos hacer eso, mostrar a las comunidades la verdad sobre el proceso, y por eso creamos la NAR”, explica Aldo.

En un principio los integrantes de la Asociación se propusieron desarrollar un proyecto de ganadería, y emprendieron la búsqueda del terreno. Recorrieron gran parte de la región del Sumapaz, pero fue un trabajo tedioso y desilusionante porque las tierras que les funcionaban tenían un precio de renta muy elevado, que no podían costear. Pero también se enfrentaban a la estigmatización de algunos pobladores hacia los reincorporados, razón por la cual les negaron en algunas oportunidades el alquiler de tierras que encontraban apropiadas.

En mayo de 2018, en una reunión familiar, Aldo escuchó la historia del esposo de su hermana, quien narró que años atrás había cambiado una casa en Soacha por un terreno en el municipio de Pandi, en la vereda El Caracol, y estaba buscando quién se la comprara. Aldo, de inmediato, le habló de la asociación de reincorporados a la que pertenecía, y le propuso que se la arrendara.

Para los 16 integrantes de la Asociación la noticia fue motivante. “Yo inicialmente invité a Fermín y a otro compañero llamado Humberto, para que fueran a conocer la finca. Les gustó, y luego decidimos reunirnos en Fusagasugá para realizar el contrato”. Se acordó un arriendo anual de dos millones de pesos.

Desde la portada de la finca se ve una casa construida en ladrillo, con tejas de aluminio, que resalta sobre una montaña; está dividida en tres habitaciones, un espacio para el comedor, cocina y un baño. Detrás de ella hay una huerta cubierta con plásticos en forma de carpa, en la que cultivan hortalizas y plantas aromáticas. De la huerta se sigue un camino que conduce a otra pequeña casa prefabricada, que cuenta con dos habitaciones. Ahí se escucha el cacaraquear de las gallinas que están criando y a los integrantes de las dos familias de la asociación que viven en el terreno. Los demás reincorporados que hacen parte del proyecto están instalados en municipios aledaños.

Aldo y Fermín cuentan que cuando presentaron la documentación requerida en la alcaldía de Pandi, para que autorizaran el uso del suelo para ganadería, recibieron la noticia de que las tierras del municipio son muy blandas y no sirven para ese fin. No les aprobaron la propuesta.

Pensaron en otras opciones para hacer buen uso del terreno adquirido. Tras varias discusiones decidieron que la apicultura era la alternativa. Los animó mucho pensar que desde esa apuesta ayudarían en la preservación del medio ambiente, porque las abejas son parte fundamental de ese proceso.

Viajaron a Tibacuy tras contactar a familias expertas en el cuidado de abejas. Además, recibieron capacitaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con esa etapa de formación presentaron el proyecto a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). La entidad lo aprobó, lo que significó el desembolso de ocho millones de pesos para cada integrante de la asociación.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, hasta el mes de junio del 2021, la ARN ha aprobado 2.991 proyectos productivos, con los que se han beneficiado 6.913 excombatientes, según un informe del mismo mes de la institución.

El grupo de reincorporados se sentía tranquilo, porque el papeleo que requerían fue fácil de tramitar y, además, contaban con el acompañamiento de la ARN y del PNUD. Pero en marzo de 2020, cuando el gobierno colombiano declaró la cuarentena nacional por causa de la Covid-19, el proyecto se detuvo.

No se rindieron. El grupo se reunió para plantear nuevas ideas de sostenimiento. Tras barajar diferentes posibilidades optaron por cultivar sagú, una especie de palmera de la cual se extrae una fécula en forma de harina. “Fermín tenía conocimientos de otras regiones donde se estaban generando productos a base de harina de sagú, porque son muy nutritivas”, cuenta Aldo. Esta labor fue asignada a las mujeres pertenecientes a la Asociación, porque querían apostar al enfoque de género, uno de los requisitos del Acuerdo de Paz. El proyecto aún no ha sido aprobado, pero confían en que eso pasará.

También, se preparan para convertir la finca de Pandi en un espacio turístico. “Obtuve una beca a través de la ONU y de la ARN para hacer un taller sobre el turismo sostenible, responsable e inclusivo, porque me habían escuchado hablar de la idea del turismo que queremos desarrollar en la región del Sumapaz”, relata Aldo.

En ese proceso Aldo conoció a personas de Perú, México, Argentina y Chile, de quienes aprendió cómo se hace turismo en esos países. Pero lo que más lo emocionó fue comprender cómo realizar pedagogía antropológica en los territorios, para crear conciencia en las personas sobre el origen del conflicto social.

Aldo y Fermín confían en que en el futuro el proyecto de apicultura irá bien, y que a partir de ahí podrán surgir otras iniciativas que tienen en mente. “Creo que lo importante es que el gobierno nos dé los permisos y cumpla con el Acuerdo de Paz, porque incluso las ayudas las podemos conseguir nosotros más fácilmente con organismos internacionales”, concluye Aldo.