El arduo camino hacia la reincorporación

Felipe Mendoza tiene 32 años y fue uno de los firmantes del Acuerdo de Paz en 2016. Es exintegrante del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de La Variante, en Tumaco, Nariño, y antiguo líder de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) El Diamante, ubicada en Uribe, Meta. Con firmeza habla sobre los años de lucha y de los diversos roles que ha desempeñado para fortalecer el tejido social y el tránsito a la vida civil, después del proceso de dejación de armas. Señala que, a pesar de los incumplimientos y fallas en la implementación de los puntos pactados en el Acuerdo, no se siente arrepentido del paso que dio.

La NAR El Diamante nació a mediados de 2017. Se ubicó en la vereda el Vergel y Uribe, en una finca rodeada de árboles y en la que era común escuchar el motor de los tractores, el bramido del ganado y el guarrido de los cerdos. Las grandes extensiones de tierra contrastaban con los escasos recursos de infraestructura: solo dos casas para más de 100 hombres y mujeres en proceso de reincorporación. Las colchonetas en los pasillos dejaban ver lo difícil de las condiciones para este centenar de firmantes de paz.

Durante más de dos años implementaron proyectos agropecuarios y uno de ganadería, que demoró más de un año en ser formulado. El papeleo y los trámites eran extensos. Mendoza cuenta que la ARN dispuso de formularios en los que cada persona manifestaba que aceptaba que los recursos de los 8 millones fueran solo para esos proyectos, y para la cooperativa DAINCOOP conformada por aproximadamente 150 reincorporados. Cuestiona que la forma como se ingresaban los datos y el tipo de formularios daban pie a que se cometieran muchos errores. Eran “unos formularios como con el objetivo de entorpecer la fase de aprobación de los proyectos”.

Mendoza asegura que no se tuvo en cuenta que la población de la NAR El Diamante era de origen rural, y el hecho de no diligenciar bien el formulario generaba inconvenientes. “Nos tocó a nosotros, a unos pocos, ponernos a diligenciar los formatos con la información de cada uno y que las personas firmaran y pusieran su huella”. Como las huellas tenían que coincidir con la cédula, también representaba un inconveniente porque la mayoría de ellos tenían borradas sus huellas, producto de cicatrices. Eso llevaba a que les devolvieran la documentación.

“Casos tan extremos como el de un compañero que no tenía brazos y le exigían de igual forma incluir la huella. Cómo le vamos a colocar la huella a una persona que no tiene brazos, por ende no tiene manos y dedos. Eso fue una pelea dura hasta que ya entendieron que realmente era imposible”, narra Mendoza.

Además de la demora con la aprobación de los proyectos productivos, se encontraron con dificultades como el acceso a la tierra. “Allí la tierra siempre es el problema, es el cuello de botella de la reincorporación económica”, dice, puesto que los predios no se han adjudicado formalmente, lo que genera inseguridad e incertidumbre entre los reincorporados que aseguran que podrían perder todo lo invertido si los dueños de los predios deciden reclamarlos.

Otro obstáculo es la estigmatización por parte de algunas instituciones y del sector financiero. Le negaron una cuenta bancaria para su cooperativa en entidades como el Banco Agrario, el Banco de Bogotá, entre otros:

“Para ellos es un riesgo las personas que hicieron parte de una organización, a la cual se le ha acusado siempre de hacer actividades alrededor del narcotráfico. Deducían que a partir de eso se iban a lavar recursos de narcotráfico, simplemente porque personas que hicieron parte de la organización, ahora están intentado formalizar su actividad productiva. Nos negaban las cuentas de diferentes maneras”, relata.

La cooperativa: un trabajo más allá de lo colectivo

Para empezar a formalizar los proyectos productivos que se tenían. Se creó la cooperativa DAINCOOP en año 2017 “Creamos nuestra propia cooperativa con el apoyo de Cooperación Internacional, los recursos del capital semilla equivalente a ocho millones otorgados por el Estado, empresas privadas, entre otros”, comenta Mendoza.

Reconoce que entre las cuestiones complejas está la inexperiencia en el manejo y funcionamiento de una cooperativa, así como el cumplimiento con las responsabilidades frente a las entidades estatales.

Pese a estos esfuerzos el grupo de reincorporados asumió, meses atrás, que no era conveniente la concentración de población en un solo punto, así que empezaron su reincorporación individual sin abandonar los proyectos colectivos. “La gente empezó también a buscar alguna actividad de manera independiente y eso nos sirvió, porque la gente empezó a desarrollar su proyecto de vida también, sin desligarse de lo colectivo. Nos quitó las dificultades de concentrar la gente, pero se mantuvo siempre esa condición de colectividad alrededor de los proyectos productivos que habíamos definido”, explica Mendoza.

Una guerra que no tiene fin

Al pasar los meses de la creación de la NAR, cuando se encontraban en buenos tiempos hablando de productividad, organización y nuevos vínculos con la comunidad, la violencia retornó y el conflicto en el territorio se fue agudizando. “Se presentaron hechos de amenazas, unos hechos que de haberse concretado, podrían haber atentado contra la vida de varios de nosotros”, dice Mendoza.

Según el último informe de la Misión de Verificación de la ONU, publicado en junio de 2021, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha del informe 23 reincorporados de las FARC habían sido asesinados en el Meta.

Frente a esta lista de obstáculos decidieron salir y poner fin a la NAR El Diamante. Fue entonces cuando iniciaron una interlocución entre el Gobierno y la ONU para plantear la situación y la necesidad de trasladar sus proyectos productivos. El Gobierno Nacional respondió con la propuesta de acceder a predios de la Sociedad de Activos Especial (SAE), entidad responsable de “administrar bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio”, como se expone en su página web. “No hay ninguna seguridad de lo que puedan hacer los antiguos dueños con esos predios, si hay alguna molestia, que los quieran volver a reclamar, si va a haber alguna repercusión”, cuestiona Mendoza.

Felipe es uno de los reincorporados que decidió también apostar por un trabajo individual. No obstante, también trabaja para Economías Sociales del Común (ECOMUN). Es un hombre comprometido, dedicado y disciplinado, como lo describen sus compañeros, y por eso no deja atrás su proceso ni sus proyectos con la cooperativa, incluso, mantienen la actividad productiva en el municipio de San Martín (Meta) de manera transitoria, donde implementan un proyecto de ganadería que trasladaron de la NAR El Diamante, en Uribe Meta, siendo obligados por el desplazamiento forzado al que fueron víctimas el 6 de junio de 2020. Añade Mendoza “Llevamos más de un año esperando que el gobierno adjudique el predio a donde debe hacerse el traslado definitivo, sin embargo, no hemos obtenido respuesta, ni solución alguna.”

De esta manera se la sigue jugando por un proyecto de paz y de vida al que le apostó. Pensó, en un inició, que sería más fácil, pero no desfallece en cumplir con su promesa de aportar a un cambio de país.