Sobrevivir en una NAR urbana por seguridad

Pedro Pablo Ibatá López es firmante del Acuerdo de Paz y está radicado en la capital del departamento del Meta. Hace parte de la NAR urbana de Villavicencio, conformada por 57 reincorporados, agrupados a través de la Asociación de Excombatientes de Villavicencio Xiomara Ramírez (ADEV).

Las NAR urbanas evidencian el sentido de colectividad de los reincorporados, porque la organización trasciende del vivir juntos en un mismo espacio rural, a la adaptación a la ciudad, en la que deben vivir separados; no obstante, se reconocen y se organizan alrededor de proyectos en el territorio, reafirmado sus lazos de cooperativismo.

Conversar con Pedro Ibata a través de una llamada telefónica es complejo, por la mala señal en la zona. Sin embargo, está dispuesto a contar su historia mientras se va moviendo para encontrar el mejor lugar, para que la comunicación no sufra interferencias. Con paciencia repite frases cuando inevitablemente entran ruidos a la charla por la mala conectividad.

Con acento firme y golpeado, cuenta que por la ineficaz implementación de los puntos pactados en el Acuerdo de Paz, relacionados con el desarrollo de proyectos productivos, sumado al deterioro de las condiciones de seguridad, infraestructura, servicios básicos y salud, reincorporados como él decidieron abandonar sus Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR).

Habla sin prisa, pero con contundente indignación denuncia: “nos están matando la gente en el territorio. Ayer nos mataron dos más: uno en Caquetá y uno en Nariño. Están matando a la gente”. Pedro se refiere al asesinato de Pablo Ramírez Yate, reincorporado asesinado en el municipio de San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá, y al de José Alirio Jojoa Carrera, asesinado en el sector de Plazuelas, municipio Florida del departamento de Nariño.

Pedro Pablo no exagera, según los reportes del Monitoreo de riesgos de seguridad de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde primero al 24 de enero de 2021, cada cinco días se asesinó a un excombatiente. Tres meses después la situación era más compleja, pues según el mismo informe, del 14 al 21 de abril del mismo año, se registró la frecuencia de homicidios más alta desde la firma del Acuerdo de Paz: cada 24 horas se asesinó a un reincorporado.

Tras la denuncia Pedro guarda silencio, retoma la calma; con tono abatido expone: “la gente no resiste quedarse dentro de los AETCR. Eso ha sido un detonante, una bomba atómica a punto de explotar en diferentes partes del país. El asedio, la persecución política nos ha venido afectando bastante”.

Salir de un AETCR e intentar sobrevivir en una NAR urbana es complejo, porque el acompañamiento y reconocimiento por parte del Estado es más difícil aún. Acá la cuestión es económica: “Una persona en un AETCR no paga arriendo, […] cuatrocientos mil de arriendo, eso se lo están ahorrando, no pagan comida; súmale otros cuatrocientos, no necesitan del pasaje para ir a estudiar porque ahí mismo tienen a los profesores; súmale ciento cincuenta mil más, y así tú sigues sumando y eso da como millón y piola”, explica Pedro.

Él, como todos los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, recibe mensualmente el 90% de un salario mínimo legal vigente. Es decir, que con un poco más de 817.000 pesos debe pagar arriendo, transporte, comida y otros servicios básicos en una ciudad capital, mientras que quienes viven en un AETCR pueden invertir esa asignación en sus proyectos productivos. Pese a esa aparente ventaja económica, Pedro asegura: “nosotros solamente recibimos ochocientos mil pesos, pero tenemos más tranquilidad donde estamos en estos momentos”.

El 24 de noviembre de 2020, el Gobierno Nacional, a través del decreto 1543, concedió a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la facultad de aprobar proyectos productivos colectivos e individuales para que luego los excombatientes pudieran acceder a tierras que se encuentran bajo la vigilancia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por considerarse bienes especiales que se les decretó extinción de dominio.

Para Pedro, las tierras que tuvieron un proceso de extinción de dominio a paramilitares, narcotraficantes, entre otros, representan un problema porque “nos salimos de unas zonas rojas donde hay un conflicto armado, que son los AETCR, para que el Gobierno nos entregue unas tierras también con problemas de apoderamiento. Entonces sería salirnos de la boca del lobo y meternos a la del león”.

Los antecedentes de esas tierras no son lo único que genera incertidumbre a la hora de acogerse al decreto 1543. Según la fuente de este artículo, para poder ser beneficiario de alguno de estos predios:“se debe tener una organización, asociación, fundación, cooperativa, etc; segundo, hacer la solicitud y tirarnos a la fila de espera, […] Prioridad o priorización hacia los firmantes no existe”.

Pedro asegura que en Villavicencio se han aprobado más proyectos productivos individuales que colectivos. “Algunos han logrado que les desembolsen ocho millones de pesos para una tiendita, para comprar una lavadora y ponerse a alquilarla”.

Sin embargo, su proyecto es colectivo. Él junto a cuarenta personas, emprendieron dos años atrás en la horticultura, definida como el arte y la ciencia de lograr el crecimiento de frutos, vegetales, hierbas aromáticas y plantas ornamentales. Para dar vida a ese sueño, decidieron sacar un terreno arrendado por 24 millones de pesos anualmente. Pero, cuenta resignado, que ya llevan un año de retraso y no han podido conseguir el dinero para pagar. La dueña de la tierra ya les pidió entregarlo.

“Hemos tratado de solicitar que nos colaboren para la compra de ese predio, pero eso es imposible. El Gobierno no ha querido desembolsar ni un peso para eso”. En caso de tener que devolver la tierra, habrían perdido todo lo invertido en los últimos dos años.

Antes de dar por terminada la conversación, Pedro hace un contundente llamado al gobierno:“mientras no se implemente el Acuerdo de Paz, este proceso no ofrece garantías para una reincorporación total”.

La Misión de Verificación de la ONU, en sus informes trimestrales, reitera desde el año 2017 la importancia de implementar a cabalidad lo pactado en el Acuerdo: brindar garantías y reconocimiento en cuanto a seguridad, vivienda, tierras, salud, educación y proyectos productivos a los excombatientes, para poder reincorporar a quienes decidieron firmar la paz.