Con proyectos en terrenos arrendados y trabas legales, excombatientes en Yondó insisten en su proceso de reincorporación

En la vereda Bocas de San Francisco, en Yondó, Antioquia, viven 61 excombatientes provenientes del AEspacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Carrizal, en Remedios, Antioquia, que decidieron irse por el “incumplimiento del gobierno en los Acuerdos de Paz, donde aún es la hora y después de cuatro años de firmado, no nos han resuelto el tema primordial, el de acceso a tierra [...]. Debido a eso, nos tocó desplazarnos a las áreas de donde fuimos o la mayoría tuvimos injerencia en armas y tuvimos un acumulado histórico de gente, que de una u otra manera nos acompañaron y nos apoyaron y hoy en la vía legal continúan haciéndolo”, explicó Jorge Barbosa Angarita, conocido como ‘Fabian Díaz’.

Precisamente, las 150 hectáreas de tierra en las que, en la modalidad de arrendamiento, está ubicada esta Nueva Área de Reincorporación, tiene una historia particular. “En la época del paramilitarismo estas tierras fueron despojadas por ellos y los campesinos tuvieron que irse, tuvieron que retirarse pero nunca se fueron de las regiones, a muchos de estos campesinos les tocó hacer campamentos humanitarios dentro de la selva donde las FARC en su momento los acogió y los protegió del accionar paramilitar que hubo durante muchos años. Debido a eso, a que hubo un trabajo en conjunto con la región y con los campesinos, nos permitió que hoy a nosotros nos dieran un espacio y nos permitieran llegar y pudiéramos asentarnos allí”, contó Jorge Barbosa.

Los 61 excombatientes que conforman esta NAR no viven todos en el territorio porque no han resuelto el tema de vivienda, por eso algunos viven en Yondó, otros en Barrancabermeja donde sus familias y otros en fincas cercanas. Además, si bien la intención de las personas que conforman esta NAR es poder comprar las 150 hectáreas, este terreno está en Ley Segunda, lo que significa que el propietario no tiene documentación alguna, por lo que no se puede hacer ningún tipo de negocio con ella hasta que esta situación no esté resuelta. Según Jorge Barbosa, si bien no hay voluntad política para ayudar en el proceso de legalización de los predios, ellos, en compañía del propietario del terreno, han ido avanzando por su cuenta para posteriormente poder hacer el negocio de compra.

En esta NAR están organizados en torno a dos cooperativas, Coomuldemm, creada por los excombatientes que están en este territorio, y Coomuprom, perteneciente a los excombatientes que permanecen en Carrizal, es así porque el AETCR y esta NAR planean comprar la tierra y están desarrollando los proyectos productivos en conjunto, como uno de cacao, que consiste en la siembra de 10 hectáreas de tierra, de las cuales ya han sido sembradas 7. Este proyecto lo lleva la cooperativa Coomuldemm y aunque es apoyado por la Compañía Nacional de Chocolates, que les donó 10 mil matas de cacao, y el SENA, que les ha donado abonos y fertilizantes para el mantenimiento de las matas, también han tenido que usar parte de su renta básica para su ejecución.

Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) les donó 57 millones de pesos, 15 millones fueron destinados para un proyecto de piscicultura, con el cual han tenido dificultades pero continúan insistiendo para resolverlas. Este proyecto, llamado Nodo piscícola, es en alianza con cooperativas del nororiente del país y pretenden hacer 10 fosas de una hectárea cada una. Adicional a esto, invirtieron otros 37 millones en un proyecto de ganado bufalino, en el cual hicieron un acuerdo y conformaron una SAS con la empresa Ecobúfalos, que con este dinero compraría los búfalos, los convertiría en cárnicos, los vendería y las ganancias serían por igual, pero el proyecto se encuentra detenido, debido a que, según Jorge Barbosa, “veníamos de un ejercicio de dejación de armas y todo el tema legal y empresarial lo desconociamos y esto nos llevó a perder en algunos proyectos, entonces nos tocó parar un poquito”.

Con los 8 millones de pesos que le corresponde a cada excombatiente para el desarrollo de proyectos productivos, tienen otro proyecto de ganadería, también en conjunto con el ETCR de Carrizal. Y se pusieron de acuerdo y reunieron fondos de su propio bolsillo para comprar 11 hectáreas de tierra dentro de las mismas 150 que tienen arrendadas, y empezar a construir las viviendas por su cuenta, porque según Jorge Barbosa, “si nosotros esperamos a que el gobierno cumpla con lo que está establecido en los acuerdos, del 80 o el 90% de los que estamos todavía creyendo en el proceso y que estamos dispuestos a sacarlo adelante, nos quedariamos esperando”.

“Nos han puesto muchas trabas, nos han hecho campañas de desprestigio [...] Hemos tenido que soportar que muchas personas digan: no, es que a ustedes no les podemos comprar porque ustedes fueron de la guerra, ustedes tuvieron un proceso, el gobierno dice que ustedes siguen delinquiendo y yo no me quiero meter en problemas”, cuenta Jorge Barbosa, quien complementa que después de que las FARC entregaron las armas, ha habido grupos ilegales que han querido crecer en las NAR y en los ETCR, por lo que les han hecho propuestas a los excombatientes para seguir en esos grupos, aun así, aun con la falta de voluntad política, “ahí nos mantenemos y por eso hemos decidido sacar de nuestro bolsillo y tratar de sacar este Acuerdo de Paz adelante, de cumplir y demostrarle al gobierno de que nosotros sí tenemos ganas de apostarle a la paz”, concluyó Barbosa.

Además de este, el principal y más ambicioso proyecto productivo con el que cuenta esta NAR, cuando llegaron al territorio, iniciaron otros proyectos como la creación de galpones con 200 gallinas y pollos, que tuvieron que abandonar porque no tenían dónde comercializar ni los huevos, ni los pollos, por lo que empezaron a percibir pérdidas. También tuvieron cocheras y cosechas de maíz y de plátano. Y en este momento, gracias al Comité de Mujeres y Género, fundado cuatro meses después de llegar al territorio y conformado actualmente por 16 mujeres y un hombre, cuentan con un taller de costura, un cultivo de cacao de 2 hectáreas y están en construcción un restaurante y un centro del cuidado o guardería.

‘Adriana’ y ‘Ruben’ coinciden en que las ayudas recibidas por el gobierno han sido principalmente con capacitaciones, acompañamiento y los 8 millones de pesos; además, la Alcaldía de Mutatá donó 4 km de placa huella y han recibido muchas asesorías de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras entidades, sin embargo, llegaron “cuando nos vieron decididos, que ni los montajes que hicieron contra mí, ni las críticas, ni el bloqueo económico nos detuvieron. Cuando ya teníamos las cosas montadas y algunos proyectos productivos marchando, ahí sí nos llegó el apoyo. Esa es la realidad”, cuenta ‘Ruben Cano’.

En cuanto a la relación con las personas que ya habitaban la zona, ‘Adriana’ contó que “cuando estábamos armados pasábamos por aquí. Entonces nos sentimos bien recibidos porque nunca fuimos echados, además la gente nos colaboró con las mulas para traer los corotos y todo [...] Y nosotros también hemos traído algunos beneficios. Por ejemplo, la carretera está gracias a nosotros, a que hemos tenido buenos líderes que han jalonado para traer muchas cosas, como electricidad”.

Tanto excombatientes como sus familiares trabajan en los proyectos productivos y reciben un sueldo por sus labores. En materia de seguridad, ‘Adriana’ y ‘Ruben’ coinciden en que ni en Gallo ni en San José de León se han sentido inseguros.

Respecto a la asignación de tierras que por derecho les corresponde, a pesar de que la comunidad de excombatientes ha gestionado 47 hectáreas que están a nombre de la cooperativa, hay personas que sueñan con una parcela propia, es el caso de Luz Ledys, una mujer que vivía en Córdoba, militaba en las FARC y actualmente es la pareja de uno de los excombatientes que llegó de Gallo. Dice que “todos aquí somos de origen campesino y quisiéramos trabajar la tierra, pero no tenemos” y que su sueño es “conseguir una parcelita de unas 4 hectáreas en esta zona para trabajar porque mi compañero sabe sus labores del campo, no tiene conocimiento de otro trabajo. Nosotros quisiéramos eso porque nos preocupa qué vamos a hacer cuando se acabe la asignación mensual”.

Al conversar con ‘Adriana’ y Luz Ledys, se percibe cierta sensación de orgullo porque, según ellas, a diferencia de otras experiencias de ETCR y NAR, esta ha sido exitosa, porque “nosotros no hemos esperado a que el gobierno nos solucione todo sino que hemos buscado hacer las cosas. Por ejemplo, sabíamos que para los proyectos necesitábamos una carretera y empezamos a hacerla entre hombres y mujeres. Fue un trabajo de todos los días”, relató Luz Ledys. La hicieron con el concreto que les donó la Alcaldía de Mutatá, que luego ayudó en el proceso de construcción.

Cuando hablan sobre el futuro, dicen que desean tener una estabilidad económica porque en cualquier momento se acaba la renta básica, que quieren apropiarse del campo, poder vivir de los proyectos y que todas las personas que están en la NAR tengan empleo.

Adriana’, quien dice agradecer a Dios por darle la oportunidad de vivir su experiencia como civil, sueña con algún día poder irse a vivir cerca a su familia, a la que dejó en el Caquetá desde que tenía 13 años. Pero sigue en San José de León, apostándole a la paz, porque “estoy cumpliendo con una palabra que le di al país, ayudando al proceso”.