NAR
Santa Cecilia - Risaralda

“Para qué hablamos de proyectos productivos (...), de proyectos de vivienda cuando no hay territorio”: : Fabio Cardona, líder de la NAR Santa Cecilia

“Nunca nos dieron una razón. Nunca nos la dieron. Tuvimos discusiones con el Gobierno, junto a Pastor que ha estado pendiente del proceso de reincorporación. Y a la gente le tocó salir de ahí y quienes eran de allí, pues se fueron quedando donde las familias. Y los demás nos vinimos para Risaralda porque éramos parte del Frente Aurelio, entonces vinimos a buscar la zona donde siempre habíamos estado”, recuerda Fabio Cardona, excombatiente y líder de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) en Santa Cecilia, al noroccidente de Risaralda, después de que él, sus compañeros y compañeras tuvieran que abandonar su ETCR en la vereda Vidrí, de Vigía del Fuerte, Antioquia, junto al río Arquia.

Han pasado tres años desde entonces y para Fabio, las razones presentadas por el Gobierno Nacional para desmontar de manera unilateral su ETCR, no son fuertes. Algunas de ellas señalaban el difícil acceso a la zona donde estaba ubicado, ya que solo podía hacerse de manera aérea o fluvial, y por otro lado, que no tenían muchas posibilidades de desarrollar proyectos productivos sostenibles. En 2018, a través del Decreto 982 del 7 de junio, no solo se suprimió este espacio de agrupamiento, también el ETCR de la vereda El Gallo, municipio de Tierralta, en Córdoba.

Este decreto señala que el Ejecutivo tiene la potestad para suprimir, modificar o prorrogar dichos espacios “según las necesidades del caso, por razones de seguridad, de índole administrativo o cualquier otra que pudiera presentarse”, y porque para este caso, según el documento, “cumplieron con su cometido inicial de facilitar la reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo productivo de los excombatientes de la extinta Farc-Ep”.

Su salida significó el desplazamiento de más de doscientos hombres y mujeres de los entonces Frentes 34 y Aurelio Rodríguez que se comprometieron a dejar las armas. Algunos están asentados en Medio Atrato, Chocó; Loma Murrí, Vigía del Fuerte, Antioquia; Riosucio, Caldas, y Pueblo Rico, Risaralda.

Fabio junto a otros treinta y dos compañeros, al saber que no quedaba mucho para ellos allí en Antioquía, decidieron que su lugar se encontraba entre las montañas de Pueblo Rico, junto al río San Juan —que tras nacer en Antioquia discurre por los departamentos de Risaralda, donde está la cuenca alta, Valle de Cauca y Chocó— y Amurrapa, corregimiento de Santa Cecilia, en la finca El Motor, sobre la vía que conduce a Quibdó. Fundaron su NAR y hoy son 27 familias trabajando fuertemente para comprarse un pedazo de tierra. Hasta la fecha, han cancelado el 60% de la deuda —aún les resta un saldo de 45 millones de pesos—.

Para llegar a la NAR, sí o sí se debe cruzar el río San Juan. La comunidad y algunas administraciones locales, en el pasado hicieron algunos intentos por construir lo que sería un puente, sin embargo, de esto queda poco, no es seguro su tránsito. Fue necesario gestionar una nueva obra. Durante los últimos meses se han reunido con el alcalde de Santa Cecilia y la Gobernación de Risaralda para gestionar el arreglo. Cuenta Fabio que la obra ya ha sido aprobada y en un par de meses iniciaría la construcción.

La vida en colectivo, sin embargo, ha tenido otros tropiezos. Después de salir de su ETCR, vivieron en una finca ubicada en la misma vereda, Vidrí. Vieron en esas tierras la posibilidad de emprender un proyecto piscícola; su propietario había ofrecido vendérselas. El terreno prometía las condiciones que se requerían; ya habían existido allí lagos para la producción de peces. Iniciaron el proceso de infraestructura y con él pretendían más tarde, cuando iniciara la producción, pagar esas tierras, pero el dueño aumentó el precio de la finca y perdieron la inversión. Tuvieron que buscar un nuevo lugar para vivir.

El terreno con el que cuentan hoy, de 27 hectáreas, fue escriturado a nombre de su Cooperativa del Común—Codecom—. Lo pagaron con recursos propios, de la autogestión que realizó cada excombatiente a través de su trabajo de jornalero, la renta básica brindada por el Gobierno —el 90% de un salario mínimo— y el Capital Semilla, una entrega única de 8 millones de pesos a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para el financiamiento de proyectos de vivienda, productivos y educativos.

Aún no inician ningún proyecto de vivienda o productivo, “el proyecto concreto, concreto, que está formulado y apoyado por el gobierno y el CNR es un proyecto piscícola, de tilapia roja”, precisa Fabio. Dice que también cuentan con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en materia de capacitación para la adaptación de las instalaciones, y en producción piscícola.Sin embargo, buena parte de la financiación de este proyecto piscícola será realmente a través del Capital Semilla, ese es el apoyo del gobierno al que se refiere Fabio. Es su único proyecto y el que conciben podría caber dentro de lo que se considera productivo, pero también han sembrado yuca y ñame para subsistir.

Esperan que para el próximo año, el proyecto ya empiece a funcionar, mientras tanto y durante estos últimos meses del 2021, sus esfuerzos estarán concentrados en sacar los permisos de concesión de agua y vertimientos con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda —CARDER— y asegurarse de que la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Puerto Rico cumplan con la reconstrucción del puente.

Los excombatientes que hoy están asentados en Risaralda coinciden con Fabio, también conocido como ‘Mario’, en cuanto a que ahora no es posible para ellos y ellas hablar de proyectos productivos, pues “hasta que no terminemos de pagar la finca, no podemos pensar en algo más, es la prioridad. Y más importante aún, para qué hablamos de proyectos productivos cuando no hay territorio, para qué hablamos de vivienda cuando no hay territorio”. Tampoco cuentan con una vivienda, por ahora se las han ingeniado para adecuar un lugar digno para vivir mientras terminan de pagar su tierra. “Solo recibimos por parte del Gobierno la asignación mensual y lo que se recibe por estar en un ETCR, eso totalmente nos lo cortó”.

Estos treinta y dos excombatientes hacen parte de tres mesas para la construcción de paz en Risaralda y participan del Consejo de Paz de Dosquebradas, el Consejo de Pueblo Rico, y la Mesa Departamental de Paz. Sin embargo, relata Fabio, a pesar del compromiso que han demostrado para generar espacios de pedagogía y diálogo, los han excluido de escenarios donde ellos y ellas consideran deberían ser partícipes: en espacios de conversación y escucha en escuelas, colegios, universidades y con la comunidad en general del departamento. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias que transitan para alcanzar su reincorporación, dicen que continuarán haciendo uso de la palabra y nunca más de las armas.